«Siempre va a ayudar que las autoridades estén con mayores herramientas», comentó Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal en relación a la Ley de Instituciones de Crédito que buscan darle más «dientes» a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que actualmente se discute en la Cámara de diputados.
«Porque al final de cuentas, las actividades criminales van migrando», apuntó el Procurador y comentó «mientras más facultades tenga la autoridad para poder investigar y para poder encapsular éstas actividades criminales, mucho mejor».
La ley que ha causado fuertes discusiones en el Congreso, pretende otorgarle a la UIF la extinción del dominio, después de 15 días de que se determiné el congelamiento de una cuenta.
El Procurador afirmó que la Ley de Instituciones de crédito va de la mano con la Ley Facturera, «al final de cuentas nosotros vamos a perseguir defraudación fiscal y la UIF todo lo que es lavado de dinero».!
Sobre las empresas que compraron facturas falsas dijo «el que ha cometido un pecado tiene la posibilidad de arrepentirse» quien haya comprado facturas siempre tiene la posibilidad de regularizar su situación fiscal y estar mejor dentro de la ley.
Añadió que cualquier empresa que compre facturas falsas a partir del 1 de enero y «peor aun, las que vendan facturas serán catalogadas como delincuencia organizada».
Al respecto aseguró que no habrá seguimiento faccioso, ni el SAT mandará a nadie a prisión preventiva, «hay un equilibrio constitucional que nos permite que no se den irregularidades y haya garantísmo pleno».
Explicó que una vez detectado una posible facturera, lo primero que hará el SAT es una auditoría donde el acusado se puede defender y ofrecer pruebas, si la autoridad detecta un delito, lo envía a laProcuraduría Fiscal, se revisa y si hay delito, se presenta una querella ante la Fiscalía y se ejerce acción penal.
