Entre 2014 y 2018, el Instituto Nacional de Migración ha registrado 550 informes de control migratorio de extranjeros presuntamente vinculados al terrorismo, delincuencia organizada y otros riesgos de tipo penal.
En ese periodo el organismo identificó 19 personas relacionadas con terrorismo, 41 con delincuencia organizada y 490 con registros penales. Los países de procedencia son: Somalia, Pakistán, Bangladesh, Etiopía, Yemen y centroamericanos, estos últimos principalmente de Guatemala.
El 29.6% (164) de esos informes corresponde a 2018, cinco de ellos “relacionados con terrorismo’’, otros 15 con delincuencia organizada y 144 con diferentes tipos penales, de acuerdo a la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2018 a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación.
En todos los casos, se realizó la deportación controlada del extranjero y se generó la alerta migratoria respectiva a la autoridad correspondiente.
En materia de regulación, durante 2018, el ente fiscalizador otorgó en las entidades federativas de la frontera sur 122 mil 650 permisos de estancia, de los cuales el 63.4% (77mil 804) fueron por tarjetas de visitante regional (TVR), el 10.4% (12 mil 723) por tarjetas de residente temporal, el 9.7% (11 mil 886) se refirieron al otorgamiento de tarjetas de residente permanente.
Asimismo, el 8.8% (10 mil 810) por tarjetas de visitante trabajador fronterizo (TVTF), el 7.0% (8 mil 566) por tarjetas de visitante por razones humanitarias y el 0.7% (861) por tarjetas de residente temporal estudiante, y finalmente, se identificó que el Instituto Nacional de Migración emitió 15 mil 55 oficios de salida de las estaciones migratorias que no se encontraron debidamente fundados.
Las solicitudes de refugio pasaron de 2 mil 137 en 2014, a 17 mil 116 en 2018; en 2014 cada servidor público (21) tenía a su cargo la resolución de 102 solicitudes de refugio, mientras que para 2018, esos mismos servidores públicos tuvieron la encomienda de resolver 815 solicitudes.
Según la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la sobrepoblación tuvo como consecuencia que las personas alojadas se encontraran en una situación de vulnerabilidad, lo que incrementó el riesgo de violaciones a sus derechos humanos.
De las 21 estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, que conforman la frontera sur, las mismas tuvieron una capacidad de alojamiento de 1,975 personas, de las cuales 12 (57.1%) registraron una sobrepoblación conjunta de 67 mil 771 migrantes, lo que significó el 98.2% del total de migrantes presentados en los 21 complejos instalados en la frontera.
La falta de capacidad del personal de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) para atender en tiempo y forma la totalidad de las solicitudes de refugio presentadas por extranjeros, representó un rezago de 31 mil 60 solicitudes pendientes de resolución.
