Por Jesús Michel Narváez
“Ley Bonilla”, el ataque contra la democracia, hizo resbalar, nuevamente, a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Justificar que la reforma a la Constitución que decidieron los diputados de la pasada legislatura para ampliar el plazo de 2 a 5 años como gobernador para beneficio de Jaime Bonilla, porque es “una norma que está vigente”, es la sepultura de un proceso electoral y la traición para los habitantes de Baja California.
Que fue una broma, que se trató de “esgrima jurídica”, que la grabaron sin darse cuenta, ponen sobre el tapete de las discusiones la poca seriedad de la titular de la dependencia cuya obligación primigenia es buscar y lograr la gobernabilidad nacional.
Como bien lo admitió, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que reconozca o rechace la inconstitucionalidad de la reforma Bonilla.
El temor es, ahora sí, que en la Corte haya sumisión ante el “cambio” que reconoce el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y se decida por alargar el proceso de estudio y termine por apoyar “la autonomía del Poder Legislativo de Baja California”.
Doña Olga horadó el camino de legalidad a los ministros que hoy están en la Corte. Porque es la voz de una exministra, cuyo paso por el Máximo Tribunal del país, durante largos 20 años y 11 meses –de enero de 1995 a noviembre de 2015- debieron darle el conocimiento pleno de la aplicación de la justicia. Decir que la “norma es vigente” o que sus dichos obedecieron a una “esgrima jurídica” no le resta valor al intento antidemocrático de Bonilla y sus legisladores… los que se fueron y que amalgamaban todos los colores: desde el azul hasta el tricolor pasando por el naranja, el verde y el guinda.
El laboratorio para otros congresos estatales y, por qué no, el federal, legislen y amplíen los plazos para que un gobernador –o muchos- y el propio Presidente de la República se mantengan en el poder, funcionó a medias, aunque podría ser un éxito pleno si la Corte renuncia a su condición de garante de la Constitución.
La semilla ya se sembró. Germinó en Baja California, aunque podría secarse. Pero el precedente queda aunque se corrija, que es lo menos que pueden y deben hacer los ministros de la Corte que, como se ha informado, podría tardar poco menos de dos años en emitir si sentencia.
Y si alguien no los apura –porque dentro de dos años habrá cuando menos otros tres ministros de reciente nombramiento y pertenecerán al grupo cerrado del Presidente- es posible que el señor Bonilla se salga con la suya y ante los ojos de los mexicanos y más tarde del mundo, el ejemplo podría cundir.
El Presidente tiene la oportunidad de opinar y en serio para evitar la tragedia de la democracia, no solo en Baja California, sino en todo el país. Esa sería una realidad y no la supuesta amenaza de un golpe de Estado en contra de su gobierno.
Callar, como lo ha hecho hasta ahora, alimenta ambiciones y genera desconfianza… mayor a la existente.
Y habrá que esperar en que Doña Olga no sume más resbalones.
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