Por Miguel Tirado Rasso
Resulta inevitable comentar el “Caso Bonilla”, cuando estamos a dos días de que el gobernador electo, Jaime Bonilla, tome posesión, el próximo primero de noviembre, en un ambiente de confusión y controversia originado por su ambición por extender, más allá del doble, de dos a cinco años, el período del mandato de gobierno para el que contendió y, cuya duración, había sido reducida a dos años, por reforma a la Constitución de Baja California del 17 de octubre de 2014, para empatar los comicios locales con los federales en 2021.
Esto es, desde hace cinco años, era público que, quién compitiera en el proceso electoral para gobernador en 2019, lo estaría haciendo con pleno conocimiento de que, en caso de ganar la elección, sólo permanecería en el cargo dos años, de acuerdo a lo ordenado en la citada reforma constitucional que, sin duda, quiénes se registraron como candidatos la conocían y, tácitamente, aceptaban al inscribirse ante la autoridad electoral.
El alegato de no estar de acuerdo con esos términos y, por ello, impugnar la reforma, seguía obligando al inconforme, ya que, al ser una ley vigente, debía ser acatada, en tanto, no se modificara. Y el argumento, de su desconocimiento, tampoco resultaba procedente, por aquel principio de derecho que establece que la ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento.
Sin embargo, para el gobernador electo, la ley y las razones jurídicas no fueron suficientes para hacerlo desistir de su capricho por prolongar el tiempo de su próximo mandato y buscó, como ya lo comentamos en otra ocasión, algún resquicio legal para salirse con la suya. Sus impugnaciones fueron desechadas por las autoridades electorales federales, pero logró, vía un misterioso acuerdo de los diputados de la legislatura pasada (algunos mal pensados afirman que fueron sobornados), que la Constitución del estado se reformara en lo referente al período de gobierno y quedara, como él lo deseaba, en cinco años. Una reforma posterior a la culminación del proceso electoral para la gubernatura.
Como el malestar y la inconformidad de los ciudadanos ante semejante arbitrariedad resultaba inocultable, este personaje supuso que, con una consulta patito y, además, amañada, podría legitimar este cambio constitucional. Una falla más, que sólo evidenció las burdas maniobras de lo que es capaz el próximo gobernante y lo que le espera al pueblo bajacaliforniano, cuando tome las riendas del gobierno.
Pero, por si fueran poco todas las triquiñuelas realizadas, todavía habría una burla más. Con la complicidad del congreso local, de mayoría Morena y, para evitar la cascada de recursos que se interpondrían, una vez que fuera publicada y promulgada, la reforma, “se extravió”. Bueno, al menos el documento que la contenía. Habría que señalar el enorme cinismo de los legisladores que no tuvieron empacho en declarar que no podían enviar el acuerdo de la reforma al ejecutivo local, “porque no lo encontraban”.
Así que, al no estar publicada la reforma, no se podía impugnar. El documento continuó perdido durante casi tres meses, hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les mandó un mensaje al calificar de chicanada el que no se publicara la ley Bonilla. Y, entonces, milagrosamente, el mismo día en que hizo este comentario, los diputados encontraron el documento y lo enviaron al ejecutivo local, quien la publicó el pasado jueves 17.
Como era de esperar, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, de inmediato presentaron, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley que amplía el mandato de Jaime Bonilla. Asimismo, el actual gobierno del panista Francisco Vega, también interpuso una controversia constitucional contra la llamada Ley Bonilla. Otras instituciones analizan hacerlo también como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Partido de Baja California (PBC) y la COPARMEX, según lo han declarado.
Por lo pronto, la Corte ha admitido a trámite las cuatro impugnaciones presentadas por los partidos políticos, aunque negó la suspensión de la reforma constitucional, por no estar cuestionándose la legalidad de la elección. El gobernador electo podrá rendir protesta y asumir el cargo, señaló el ministro Fernando Franco, y no es necesario que la acción de inconstitucionalidad se resuelva antes, “pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por lo tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”.
Entendemos la trampa que Bonilla y socios pretendieron ponerle a la SCJN al reducir el tiempo para resolver las impugnaciones a la reforma que le amplió la duración de su mandato, bajo el supuesto de que, una vez en ejercicio del cargo, el caso se convertía en hecho consumado. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del ministro Franco, por ser una ley de tracto sucesivo, o sea, que continúa surtiendo efectos, sólo se agotaría y constituiría en hecho consumado a partir del inicio del tercer año de gobierno, no antes; por lo que la Corte podrá tomarse el tiempo necesario para analizar el caso, sin prisas.
Claro está que lo ideal sería que el máximo Tribunal resolviera a la brevedad, declarando la inconstitucionalidad de esta reforma y, acabar así, de una vez por todas, con cualquier sueño guajiro de prolongar mandatos gubernamentales que pudieran surgir en el futuro. El país requiere certidumbre y respeto al estado de derecho.
Octubre 31 de 2019
