Con los votos de Morena y aliados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes cambiar el nombre del Instituto de Administración de Bienes y Activos para llamarlo ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tal como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La oposición calificó la reforma presentada el 14 de agosto pasado por Mario Delgado como una burla para el Congreso y una ocurrencia del Ejecutivo. De paso, se burlaron del nombre.
Cambien el nombre que quieran, usen su mayoría, el pueblo cada de vez tendrá más claro que lo que ustedes representan es una simulación. Ahora bien, si andan muy creativos y acomedidos de una vez, y como lo propone el diputado Elhier Cinta de Guanajuato, cambiemos el nombre nombre del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el Instituto para Robarle al Pueblo lo trabajado”, dijo.
Ahora bien, si se trata de cambios de nombre más afines con el ingenio popular podríamos en el corto plazo rebautizar algunas instituciones, por ejemplo: qué les parece sustituir la aburrida y formal denominación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la Secretaría Cobrataria; y al SAT yo también tengo mi propuesta, qué tal si le llamamos Instituto Chupacabras de los Contribuyentes; y si en vez de la Secretaría de Gobernación la llamamos Secretaría Amor y Paz”, dijo.
El rebautizado instituto se llamaba en los sexenios pasados como Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pero el 9 de agosto pasado se promulgó la Ley de Extinción de Dominio que le llamó Instituto de Administración de Bienes y Activos.
Sin embargo, el presidente López Obrador se manifestó en desacuerdo y el 14 de agosto el diputado Mario Delgado propuso llamarle como pidió el Ejecutivo, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Los diputados morenistas y aliados defendieron que el cambio de nombre responde “al cambio de forma y de fondo” de la Cuarta Transformación.
A quienes piensen que este dictamen contiene solo un cambio de denominación de una dependencia por uno nuevo, les queremos decir que no es así, se trata de un cambio estructural que tiene en su centro a la transparencia y a la sociedad. Buscamos que los recursos públicos que provengan de actividades ilegales y que fueron confiscados por los órganos del Estado, sean destinados a proyectos y programas de política social”, dijo el morenista Miguel Ángel Chico Herrera.
Para cambiar el nombre al instituto se reformaron cinco leyes y un código: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; la Ley Nacional de Extinción de Dominio; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En Diputados, fue aprobada con 287 a favor, 31 abstenciones y 117 en contra; se envió al Senado de la República para su revisión.
