La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, destacó en el Senado que “en ésta Secretaría no existe pacto de impunidad, ni se investiga por consigan política a nadie. No tenemos ni filias ni fobias. En la Función Pública no hay intocables ni perseguidos políticos”.
Al comparecer ante la comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado la funcionaria destacó que como lo reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador ”la prioridad del gobierno es acabar la corrupción y la impunidad”, la meta, abundó, es terminar con los privilegios de la clase política eliminar el sistema privado por la corrupción y restablecer las confianza de los ciudadanos en el servicio público. Trabajar en el gobierno únicamente debe tener sentido si es útil para el interés general.
En su exposición inicial la titular de Función Pública destacó que desde el primero de diciembre a la fecha han sido aplicado 2 mil 798 sancionas, 874 inhabilitaciones y multas por más de 4 mil 494 millones de pesos por corrupción el sr vicio público.
Destacó que la meta “es terminar con lo privilegios de la clase política, eliminar el sistema viciado por la corrupción y restablecer la confianza delos ciudadano en el servicio público”.
Ante los senadores Sandoval refirió que en el caso de las contrataciones públicas, también se ha refrendo la cero tolerancia a la impunidad y hasta el momento han sido sancionados 178 empresas y establecidos multas por mil 432 millones de pesos, 20 por ciento más que en el mismo periodo que del año pasado.
Subrayó: “se ataca la simulación, y hasta octubre, se han realizado casi cuatro veces más investigaciones en sector central que en todo el ultimo año del administración pasada”.
Dijo que se han abierto mas de 28 mil investigaciones a servidores públicos “de la administración pasada y la actual por presuntas irregularidades, casi 30 por ciento más que en el mismo periodo de 2018 y se han concluido mas de 5 mil”.
Resaltó que como parte de la transformación de función publica “ya se tienen los primeros resultados, pues los gobiernos estatales deben justificar o devolver a la federación 46 mil 121 millones de pesos, 50 veces el presupuesto de la Función Públicas en 2019.
También en obra pública se tiene observaciones por un monto 17 mil 319 millones de pesos, mientras las auditorias a programas de desarrollo y operaciones regionales se ha llegado a 85 por ciento de ejecución. Refirió que se tiene un ahorro de 30 por ciento en el costo de la nómina. Se han eliminado, dijo, duplicidades y fusionado áreas afines.
