Por Miguel Tirado Rasso
El próximo primero de noviembre, Jaime Bonilla, deberá rendir protesta ante el Congreso de Baja California para asumir el cargo de gobernador, por el período que va de esa fecha al 31 de octubre de 2021, lo que significa que se compromete a cumplir con lo ordenado por la Constitución y las leyes que de ella emanen. Claro está, que esto será si se respeta la ortodoxia jurídica y política, o sea, el orden jurídico, el estado de derecho, pues, y no se insiste en torcer las leyes para acomodarlas a la conveniencia y deseo muy personal del todavía gobernador electo.
Sobre esto conviene recordar los antecedentes. En diciembre de 2018 se aprobó y publicó la Convocatoria del Proceso Electoral Local, por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), para la renovación de una gubernatura, por un período de dos años. Esto, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada para empatar las elecciones locales con las federales, a partir de 2021. En contra de esta convocatoria, Jaime Bonilla se inconformó y, a partir de entonces, ha estado maniobrando para modificar el plazo de duración del mandato y extenderlo a cinco años.
La reforma constitucional planteada para empatar elecciones locales con las federales, publicada en 2014, obligó a la reducción de los períodos gubernamentales en algunas entidades de la Federación, lo que ya ha sucedido, sin que hubiera surgido objeción alguna por parte de los aspirantes a las gubernaturas de menos de 6 años de duración, pues al registrar sus candidaturas, aceptaron las reglas del proceso.
Los casos más recientes fueron los de los estados de Puebla y Veracruz, cuyos procesos electorales se realizaron normalmente y quienes resultaron ganadores, gobernaron por los períodos de dos años o menos. A ninguno de estos ni de otros casos anteriores, se les ocurrió ir contra lo estipulado en la Constitución, porque, además, desde hace tiempo, eran conocidas las entidades afectadas, por esta reforma, en sus períodos gubernamentales. Así que, difícilmente se podría alegar ignorancia de este hecho.
Pero el gobernador electo de Baja California, decidió que un gobierno de dos años no era su aspiración y, a pesar de tener pleno conocimiento de las características de la elección, participó, digamos que bajo protesta, aunque esta figura no exista en la regulación electoral, acudiendo a toda suerte de maniobras para ignorar el mandato constitucional y extender la duración de su mandato a cinco años, sin ningún fundamento legal y sólo envalentonado, quizás, en que su buena y estrecha relación con el Presidente de la República, le permitirá violar la ley y cometer esta arbitrariedad.
En su obsesión por alargar su próximo mandato, Bonilla lo ha intentado, literalmente, todo. Primero, se inconformó en contra de la convocatoria del proceso electoral, sin éxito, por sentencia desfavorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Luego impugnó el acuerdo por el que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC lo registró como candidato a una gubernatura de dos años. Nuevo fracaso, por resolución en contra del TEPJF. En estos dos casos, el tribunal electoral local, curiosamente, había resuelto a su favor, sentencias que el TEPJF revocó, enmendándole la plana a la autoridad local.
Concluida la elección, Bonilla volvió a impugnar ante el tribunal local ahora, el dictamen del IEEBC que le dio la constancia de mayoría, en lo correspondiente a la duración del encargo. Mientras, en otro frente, el congreso del estado reformaba la constitución local para ampliar el mandato de dos a cinco años. Esperanzado en que con este cambio constitucional lograba su propósito, Bonilla se desistió de la última impugnación, argumentando que su situación jurídica había cambiado.
A partir de esto, el tribunal local sobreseyó su demanda, indicándole que su situación jurídica no había cambiado porque la ampliación de su mandato continuaba sin promulgarse, además de señalarle que su constancia de mayoría había quedado firme. Esto es, con la duración de dos años de mandato.
Para no creerse, y ante el fracaso de sus recursos notoriamente frívolos e improcedentes, la terquedad del casi gobernador lo ha llevado a probar otras vías, aunque ahora abiertamente en contra de la ley. Ante la moda actual de las consultas públicas, los diputados de Morena han tenido la brillante idea de someter a consulta la extensión del período gubernamental. Que el pueblo sabio decida. Solo que hay un pequeño detalle. El artículo 5 de la Constitución local, en el Apartado C, Participación ciudadana, párrafo séptimo, dice: “No podrán ser objeto de Consulta Popular la materia electoral; los ingresos, egresos …” Claro que siempre estará el ingenio de los legisladores que podrían reformar, sobre la marcha, este artículo para eliminar esta incómoda disposición y quedar bien con el señor gobernador electo Bonilla, aunque no hay duda de que, en su oportunidad, la Suprema Corte de Justicia, haciendo honor a su nombre, haga justicia a los electores bajacalifornianos e impida que Jaime Bonilla salga adelante con su capricho.
También podría suceder que, como ya aconteció en el Congreso General, ya sabes quién decida poner orden y sólo recomiende a los “ambiciosos vulgares” que respeten la ley. Y es que, otra solución, le va a impactar de manera muy negativa.
Septiembre 26 de 2019
