Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Más preocupados en atender los señalamientos de dumping salarial hechos por Estados Unidos como condición para firmar el tratado de libre comercio T-MEC, perdimos como país la oportunidad de colocarnos a la vanguardia mundial en materia laboral en la reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el pasado 1 de mayo, como sí lo hicimos en 1818 cuando se introdujo la seguridad social como nueva figura.
El gobierno dio muestras de una ceguera monumental en la que también sobresalen varios de los que se presentan como adalides de la democracia y la libertad sindical -en realidad son conservadores, protectores de inconfesables intereses-, centrándose en endurecer el control oficial sobre el sindicalismo y se perdió de vista el gran cambio que implica la inteligencia artificial para incluir algunas previsiones.
En esta reforma laboral no se incluyó ningún apartado -ni una sola mención por equivocación- de la revolución tecnológica, lo que representa una visión aldeana del mundo del que formamos parte.
Resulta chocante escuchar la publicidad oficial que machaca con la supuesta congruencia de la reforma con los tratados internacionales, lo que adicionalmente es una mentira monumental: el nuevo artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo viola de manera obvia el Convenio 87 de la Organización Interesante del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical.
Eso es así porque ese artículo establece una serie de requisitos que los sindicatos deben cumplir forzosamente en la elección de es dirigentes, como el voto secreto, personal, libre y directo, mientras el convenio internacional garantiza que los sindicatos tienen libertad de redactar libremente sus estatutos sin ninguna intervención gubernamental.
Es decir, los trabajadores tienen el derecho de, por ejemplo, elegir a sus dirigentes de la forma que consideren más adecuada, como pudiera ser a través de mano alzada, sin que el gobierno les imponga formalidades de ninguna naturaleza.
Independientemente de esa evidente violación de los derechos laborales, los redactores de la iniciativa de reforma laboral -¿no la revisó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde?- ignoraron que en varios países hay una discusión en torno a que el trabajo robótico pague seguridad social, a fin de garantizársela a quienes queden en el desempleo. La propuesta ha sido avalada incluso por Bill Gates y centrales sindicales como la UGT de España.
Es evidente que la inteligencia artificial empieza ya a desplazar mano de obra, incluso en nuestro país, con todo lo atrasados que estamos en cuestión tecnológica. ¿Cómo fue que, quienes elaboraron el proyecto de reforma no repararon en que los llamados “mineros” de Bitcoin -la moneda virtual-, tienen ya una retribución por cada transacción que certifican y meten a blockchain?
No es ciencia ficción. El periódico español El País, publicó el sábado 7 de septiembre un artículo de la profesora de derecho del trabajo, Luz Rodríguez, “Robots cotizando a la seguridad social”, en el que incluso señala que los youtubers crearon ya un sindicato “para reclamar transparencia en los algoritmos que posicionan sus videos y más respeto para sus derechos de autor”.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China, es consecuencia del avance que la firma telefónica Huawei tiene en la red 5G, sobre en todo en Europa.
La catedrática española establece que los avances tecnológicos producen un semillero de ideas sobre cómo enfrentar los desafíos, entre los que menciona, las decisiones empresariales como la contratación o el despido de trabajadores se puedan adoptar mediante inteligencia artificial, lo que lleva a preguntar “si nuestro jefe no terminará siendo un algoritmo y, lo que es más importante, cuál es la responsabilidad que debe adjudicarse a la empresa por adopción que no toma ella sino sus algoritmos”.
Y desde esa perspectiva, plantea la posibilidad que los robots tengan personalidad jurídica y por tanto sean imputables de obligaciones y derechos. “Es una ficción jurídica, claro. Como lo fue en su día atribuir personalidad jurídica a una empresa, con la finalidad de limitar la responsabilidad patrimonial de los accionistas o partícipes. Pero una ficción jurídica que cobra cada vez más sentido”, consecuencia que las máquinas se volverán autónomas e impredecibles, por lo que se pregunta quién responderá por un accidente de trabajo que pudieran ocasionar.
Incluso recuerda que en 2017 el Parlamento Europeo recomendó normas de derecho civil sobre robótica y dotar de personalidad jurídica a los robots y respondan de las competencias estrictamente de su capacidad de aprender de modo autónomo.
La reforma laboral debió, sin duda, incluir previsiones al respecto y no sólo atender las preocupaciones de Estados Unidos por el dumping salarial en nuestro país, como condición para firmar el tratado internacional de comercio, T-MEC. Se perdió una magnífica oportunidad de colocarnos entre los países con capacidad para proteger a quienes perderán su trabajo por el avance de la conocida como Revolución 4.0 de cuyas consecuencias aún no tenemos idea mucho menos previsiones.
Tenemos la culpa, todos, desde hace ya un siglo, de ir a la cola de los avances.
PARA LA AGENDA
Juan Ayala Rivero insiste -como en su oportunidad lo hizo Ismael Figueroa, en los bomberos, y perdió- en retar al gobierno de Claudia Sheinbaum: promovió un amparo en contra de la toma de nota de la nueva dirigencia del SUTGCDMX, encabezada por Héctor Castelán Moreno, en un intento por retomar el control sindical, al que accedió aupado por la administración de Marcelo Ebrard, al que meses después traicionó para echarse en brazos de Miguel Ángel Mancera. De entrada, le negaron la suspensión provisional y le desecharon una queja. Ayala Rivero -cuyo principal asesor es Mauro Sánchez, quien tiene en su hijo Mauro Fernando Sánchez Durruty, con funciones de secretario particular de Jorge Luis Basaldúa subsecretario de capital humano del gobierno capitalino, con doble cachucha- perdió ya tres secciones que todavía lo siguen en su desmesurada aventura. Para empezar Castelán Moreno le requirió que entregue cuenta detallada del patrimonio sindical, lo que puede concluir que, junto a César Piña Rodríguez, su ex secretario de finanzas y secretario general de la sección 4, enfrenten posibles acusaciones penales por malversación de fondos y lo que se acumule… Por cierto, ¿cómo está eso de que Basaldúa y José Luis García tienen el control de seis secciones sindicales? ¿Es demagogia que el gobierno no interviene en las cuestiones sindicales?
