Por unanimidad y con 417 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes una propuesta de reformas, avalada en el Senado, al Código Fiscal de la Federación, que ordena castigar con seis años de cárcel a quien expida facturas falsas.
El dictamen aprobado –enviado ya al Ejecutivo para su entrada en vigor de inmediato- argumenta que esta reforma busca “desincentivar la adquisición y expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, así como fortalecer los mecanismos y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes”.
Al explicar la reforma, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, del PAN, precisó que se modifica el artículo 113, fracción III del citado código, para establecer sanción de tres meses a seis años de prisión a quien “adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados”.
De igual forma, se adicionó un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación “para establecer que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, expuso.
“La minuta pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes mediante el aumento de penas a quienes comercialicen facturas de operaciones inexistentes”, apuntó la panista.
Terrazas Baca indicó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.
Por ello, el órgano legislativo que preside está convencido de que “la reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y, por consiguiente, también la sostenibilidad fiscal de los gobiernos, así como genera un impacto positivo en el bienestar de los países”.