Por Enrique González Casanova*
Desde la segunda mitad del gobierno de José López Portillo y hasta el día de hoy, se ha registrado un debilitamiento agudo del estado y de algunas de sus principales instituciones, principalmente las relacionadas con la procuración de seguridad pública en los tres niveles de gobierno. En treinta y siete años, poco o nada se ha hecho para revertir esa situación.
Quizá el origen de la negligencia de los gobiernos en su conducción del Estado, se encuentre en una idea, producto de la resaca del sesenta y ocho y el setenta y uno, así como de otros hechos sociales, en el sentido de que no era adecuado, ni moral ni políticamente, reprimir a la población cuando ésta manifestaba sus disidencias, inconformidades y oposiciones, cualesquiera que fuesen.
Cierto es que había razones de sobra para abandonar la práctica del garrotazo, la prisión, la desaparición y el asesinato, como política de estado. Los gobiernos mexicanos practicaban la violencia de estado para salvaguardar sus intereses. Usaban la fuerza y no el derecho. Eso era inaceptable y atentaba contra la concordia y la paz.
No obstante, lo que en sus orígenes pudo ser loable -no reprimir a quienes piensan y actúan diferente- terminó por convertirse en la práctica en el abandono de la principal responsabilidad del estado: tener el monopolio absoluto de la violencia, para así garantizar la paz y la convivencia civilizada entre los distintos sectores de la población.
El pretexto para no reprimir, se tradujo en desinterés, en el mejor de los casos, o en irresponsabilidad militante y complicidades, en el peor, de las autoridades. Renunciaron a sus obligaciones y cínicamente quisieron hacer creer que la falta de seguridad tendría que ser atendida por la propia ciudadanía.
Los efectos no se hicieron esperar. La nación experimentó una profunda descomposición social y el entorno presente es en buena medida el de una guerra civil no declarada, pero sí escenificada. Un estado ausente en materia de seguridad coadyuva con el crimen en todas sus expresiones.
El gobierno actual se ha comprometido con transformar a México para alcanzar un nivel más adecuado de bienestar social. Tiene ante sí la oportunidad de hacer un esfuerzo sistemático para que impere el estado de derecho y así diferenciarse de lo que sus predecesores no hicieron.
*Doctor en Sociología
