El diálogo con grupos de autodefensa forma parte de las diversas alternativas que existen para lograr la pacificación del país, entre las cuales también se incluye la regulación de las drogas, la extinción de dominio e incluso una posible amnistía, pero se debe hacer una diferenciación para no negociar con grupos del crimen organizado, pues el único lugar de éstos debe ser la cárcel, afirmó la diputada morenista Dolores Padierna.
Entrevistada al término de su participación en el primer día de actividades del Seminario “Justicia constitucional y parlamento abierto”, la legisladora consideró que el diálogo con grupos armados sobre el que habló el martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, forma parte de una serie de “ensayos” para alcanzar la paz en México.
“Se está ensayando mediante foros, diálogos y muchos procedimientos y mecanismos para adentrarnos a un método diferente que nos permita pacificar al país. No se trata de ninguna manera de hablar con grupos del crimen organizado. Al crimen organizado hay que tenerlo en la cárcel, ajeno a la ciudadanía. Esa es la única tarea ahí”, afirmó.
En lo que se refiere al diálogo con los grupos de autodefensa, la vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados indicó que se trata de un proceso diferente, en el cual no deben descartarse opciones como la legalización de las drogas, la extinción de dominio e incluso la declaración de una amnistía, al tiempo que se atacan las causas profundas que le dan base social a los grupos del crimen organizado.
Luego de reiterar que debe hacerse una diferenciación entre los delincuentes y las “autodefensas legítimas”, que son las formadas por comunidades que toman las armas “ante la falta de protección institucional”, Padierna Luna consideró que en esta labor de diálogo el gobierno federal no tiene por qué notificarle a los mandatarios estatales.
“El gobierno federal toma sus propias decisiones. No tiene por qué consultarle nada el Presidente a los gobernadores, más que lo que competa a los propios gobernadores”, como la coordinación obligatoria para los temas relacionados con la actuación de la Guardia Nacional y de aspectos sobre el crimen organizado, para lo cual ya existe el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con respecto al tema de la investigación en contra de Rosario Robles, Padierna enfatizó que no debe haber impunidad para “esta estafa, este robo multimillonario a la nación” en el que habría participado la ex funcionaria, quien formaba parte de “una verdadera red de corrupción” en la que participaron empresas fantasma y universidades, por lo que la indagatoria debe ir más allá de una sola persona.
En ese contexto, defendió la participación en el caso del juez Felipe Delgadillo –su sobrino—, al destacar que tiene una “trayectoria impecable y prístina”, y aseveró que los jueces son absolutamente autónomos e independientes, pues no reciben sugerencias ni instrucciones ni siquiera de los propios ministros del Poder Judicial.
En el mismo tono, pidió que no se pierda el foco del tema más importante, que es la necesidad de devolver el dinero malversado a las arcas públicas, y aseguró que “no queremos una justicia a modo, que se utilice para venganzas, pero tampoco queremos la impunidad”.
Padierna no quiso pronunciarse sobre la necesidad de que el ex presidente Enrique Peña Nieto también sea citado a declarar como parte de este proceso, ya que esa decisión le corresponde al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República.
Con respecto al diferendo en el Senado entre sus correligionarios Martí Batres y Ricardo Monreal, la legisladora llamó a dialogar para llegar a acuerdos, y recalcó que las aspiraciones de alguna persona en particular no deben estar por encima de sus responsabilidades institucionales.
