Con los datos de más de 18 mil muertes violentas de mujeres jóvenes de entre 10 y 29 años, ocurridas entre 2007 y 2018, Sarah Patricia Cerna Villagra, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, trabaja en la creación de mapas georeferenciados de los municipios más violentos de seis entidades que concentran el 50 por ciento de estos “juvenicidios femeninos”.
La tarea se centra en indagar los perfiles de las víctimas de muertes violentas y las condiciones socio-económicas y geográficas de los municipios de los estados de Baja California, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Estado de México.
La investigadora explicó que la elección de este grupo de la población fue porque se diferencian de las muertes de sus pares varones, también jóvenes, porque posiblemente se vinculan a mercados ilegales diferenciados; mientras que en el caso de las mujeres se les relaciona con tendencias misóginas o sexistas.
Cerna Villagra señaló que con estos mapas georeferenciados de los municipios más violentos y los menos, la identificación de mercados ilegales en los lugares más violentos para las mujeres jóvenes, y la creación de bases de datos, se podrían implementar políticas públicas y estrategias focalizadas para prevenir la violencia e inseguridad entre los tres niveles de gobierno, y no estrategias generales para todos los territorios del país, como se viene haciendo hasta ahora.
La hipótesis principal de la investigadora Cerna, quien obtuvo la Beca para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2019, es que las muertes violentas de mujeres jóvenes aumentan en las zonas precarias de la República Mexicana.
“Son zonas de alta precarización social y económica (donde prevalecen empleos precarios, desempleo o altos índice de pobreza) junto con la presencia de mercados ilegales como el narcotráfico, la producción de estupefacientes, el tráfico de personas, el turismo sexual y una condición geográfica específica (costa o frontera), características que generan una vulnerabilidad extrema y permiten comprender el aumento del juvenicidio femenino en estos espacios”, señaló, en un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias.
Sin embargo, aclaró que el estudio apuesta más por explorar los factores relacionados con los mercados ilegales que con la pobreza ya que ha trabajado con otros investigadores en el proyecto “Atlas de la violencia en América Latina” con la variable pobreza, y dijo que no tiene fuerza explicativa, por ejemplo, los estados más pobres del país, Oaxaca y Chiapas, no son los más violentos.
Desde el año 2006 y hasta 2018, en México se ha venido observando un incremento de la violencia y homicidios en general en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, siendo los años 2017 y 2018 los más violentos; en 2017 ocurrieron 32 mil 79 homicidios dolosos, de los cuales, 28 mil 522 fueron asesinatos de hombres y 3 mil 420 de mujeres; los datos de 2018 serán presentados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en septiembre.
Las consecuencias de esta violencia son, además de los homicidios de hombres y mujeres, desplazamiento forzado, emigración, feminicidios, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, entre otros fenómenos sociales.
