Endurecer la ley y Aplicarla a Quien Dispare Armas de Fuego al Aire

Urbana

*En lo que va del año Ocho Niños han Muerto por Balas Perdidas

*En el Congreso Capitalino se Presentaron Tres Iniciativas Para la ley de Seguridad Ciudadana

*La Jefa de Gobierno Reconoce Incremento de Armas de Fuego en Manos de Particulares

Por Héctor Rivera Trujillo

Implementar acciones urgentes para concientizar a la población sobre la responsabilidad y riesgos de manipular un arma de fuego, con énfasis en la grave y lamentable costumbre de disparar al aire, pidió el secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Carlos Madrazo Silva, a las autoridades locales incluyendo las alcaldías, además de las federales.

Explicó que, urge compromiso y responsabilidad social para evitar muertes por balas perdidas; además de las acciones de concienciación es necesario endurecer y aplicar la ley de forma estricta a los que posean armas sin los permisos necesarios y para los que las detonen al aire, “los trabajos deben reforzar la participación de los capitalinos en la acción institucional, Sí al Desarme Sí a la Paz”.

Madrazo Silva expresó que la Organización de las Naciones Unidas, reportó que entre 2014 y 2015 en México hubo 132 víctimas por balas perdidas, lo que sitúa al país como el segundo en América Latina con más casos con este lamentable hecho.

También indicó que, a escala nacional en lo que va del año, 8 niños han muerto a causa de balas perdidas. En la Ciudad de México, Madison, una bebé de 7 meses falleció en febrero de este año; en abril Aideé Mendoza fue víctima fatal del mismo delito en el CCH Oriente, además la desgracia para la niña Megan; estos tres últimos incidentes ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa.

Con respecto al caso de la niña Megan de 6 años, quien perdió su ojo izquierdo a causa de una bala perdida, mientras descansaba en su hogar, expresó que “me uno a la exigencia de justicia, y a la petición de acciones oficiales que eviten que más inocentes sufran a causa de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos; mi solidaridad para Megan y sus padres,”.

El Código Penal para la Ciudad de México, se establece en su Capítulo IV, en el Artículo 211 Ter, “Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego, se le impondrá de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieren corresponderle por la comisión de otros delitos”; “Por lo anterior, pedimos a los que sean testigos de esta peligrosa y reprobable acción, llevar a cabo la denuncia correspondiente, pues el anonimato y la impunidad dañan la vida de inocentes e inclusive, mata a muchos cada año, los ciudadanos debemos cuidarnos entre nosotros, es un deber cívico que hagamos lo necesario para erradicar ese riesgo latente”, concluyó Madrazo.

Como respuesta ante la inseguridad pública, en el Congreso capitalino, a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se analizan tres iniciativas para la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentadas por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado local Víctor Hugo Lobo Román (PRD) y los legisladores Mauricio Tabe Echartea, Diego Garrido López y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del grupo parlamentario del PAN.

Se informó que, la iniciativa de la Jefa de Gobierno local cambia el paradigma de seguridad pública a seguridad ciudadana, “para adecuarlo a una realidad cada vez más violenta y una delincuencia cada vez más agresiva”; el diputado Víctor Hugo Lobo (PRD) rescata en su propuesta los elementos presentados por el titular de la SSC en su comparecencia ante el Congreso, para reconstruir las instituciones de seguridad pública de la ciudad y los legisladores panistas Mauricio Tabe, Diego Garrido y Héctor Barrera plantean la expedición de una Ley “congruente y robusta”, que permita la construcción del andamiaje legal para atender integralmente el derecho a la seguridad ciudadana.

En la primera de estas iniciativas con proyecto de decreto, suscrita por la Jefa de Gobierno, se reconocen incrementos del crimen organizado, las armas de fuego en manos de particulares, el uso de estupefacientes y la violencia en contra de mujeres, niños, adolescentes, población indígena, afrodescendientes y personas en condiciones de vulnerabilidad, como resultado de la falta de empleos de calidad, deficiencias en el sistema educativo, descomposición institucional por la corrupción, deterioro del tejido social, crisis de valores cívicos, incremento de adicciones, olvido en la generación de políticas de atención a jóvenes y anacronismos del marco legal.

La propuesta del gobierno capitalino define una estrategia integral de política de paz y seguridad, que considera la atención de las causas y prevención del delito; mayor presencia policiaca con mayor capacidad física, técnica y profesional de atención y respuesta, más infraestructura, mejores estrategias de investigación y herramientas tecnológicas; inteligencia y justicia, mediante el fortalecimiento de la investigación criminal y el uso de herramientas tecnológicas.

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