*La Negativa Presidencial de Asistir al Informe
*Recomendación Sobre las Estancias Infantiles
*Invalidación de Artículos Sobre la Guardia Nacional
*Rechazo de Colocar un “Palero” al Frente de la CNDH
Por Ezequiel Gaytán
Las confrontaciones entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno son algo que podríamos llamar normal. Así ha sido desde el gobierno del presidente Carlos Salinas y así continúa dicha relación. Desde que ese organismo fue creado, quedó claro que su trabajo sería defender los Derechos Humanos y los gobiernos supieron que esa Institución sería “una piedra en el zapato”, pero que lo inteligente es apoyarla, atender sus recomendaciones y mejorar la gestión pública. Que quede claro, el único violador de los Derechos Humanos es el Estado y corresponde a los jefes de gobierno y a los estadistas trabajar a fin de que esas comisiones disminuyan sus recomendaciones debido a los esfuerzos gubernamentales.
Hoy la CNDH está bajo la responsabilidad del abogado Luis Raúl González Pérez y queda claro que el Gobierno de la República no está a gusto con las recomendaciones y el buen trabajo que realiza el todavía Órgano Constitucional Autónomo. Sostengo mi tesis en tres argumentos:
El primero, debido a que por primera vez en 29 años un Presidente se negó a estar presente el 3 de junio en el Informe de actividades de la Comisión.
El segundo, porque el gobierno federal calificó de “vergüenza” la recomendación de la CNDH por el caso de las estancias infantiles, situación que ha obligado al presidente de la CNDH a sostener enfáticamente que es de “regímenes autoritarios” el rechazo de las secretarías de Hacienda y de Bienestar, así como del DIF a negarse a atender la recomendación sobre estancias infantiles. El titular de ese Organismo fue preciso al sostener que “ nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o irregularidades que se hayan presentado en la operación de las estancias infantiles… este organismo exige que esos casos se investiguen y se aclaren, pero tales hechos, aun cuando efectivamente se hubiesen presentado, no pueden justificar que se prive a menores, madres y padres de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables” y agregó “servicios que no son susceptibles a ser monetizados, pues los Derechos Humanos deben garantizarse, no monetizarse”. Posteriormente lamentó que el gobierno rechazara su recomendación al amparo de que ese organismo no se hubiese pronunciado ante los casos de Tlatlaya, Tanhuato, Iguala y la Guardería ABC que por cierto si se pronunció en forma y tiempo.
Y mi tercer argumento es que la CNDH invalida artículos de las leyes de la Guardia Nacional y la General del Sistema Nacional de Seguridad por omisiones legislativas y que la Suprema Corte de Justicia, admitió. La confrontación salta a la vista.
En noviembre de este año el Senado decidirá si designa por otros cuatro años al actual presidente de la CNDH o nombrará a alguien nuevo. Líneas arriba describí que es claro el enfrentamiento. Es más, el Partido del Trabajo a través de su fracción en la actual legislatura, se pronunció por refundar a la Comisión y llamarla “Defensoría de los Derechos del Pueblo”, con lo cual avizoro que ese partido aliado del gobierno incursionó suavemente a fin de detectar las sensibilidades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de Derechos Humanos y sus simpatías acerca de la reelección de González Pérez.
No tengo idea si el actual garante de la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país tenga intenciones de continuar en el encargo; sus discursos han sido, hasta el momento, responsables, congruentes y dignos. Lo cual me lleva a la conclusión de que él sabe que en diciembre de este año no seguirá despachando en su oficina actual y está dispuesto a mantener su honorabilidad. Por su parte, la actual administración debe saber que si pone a una sumisa y afín al gobierno al frente de la CNDH se estará deslegitimando. Es más, tener un “empleado” es volver a tener un palero como ocurrió durante la gestión de José Luis Soberanes, quien por su religión y siendo amigo de Felipe Calderón, se pronunció en contra del aborto. En esa ocasión la CNDH fue centro de críticas nacionales y mundiales.
La autonomía de la CNDH, así como de los otros órganos constitucionales que gozan de esa figura, incluyendo las académicas, es vital y fundamental en la vida democrática de México. La figura de la autonomía significa el ejercicio responsable de la libertad y del poder. Dicho ejercicio exige el valor ético de la dignidad como forma de sobrevivir ante las tentaciones de las autoridades y sus posibles autoritarismos. Soy un defensor más de los Derechos Humanos y creo en las instituciones de la República, con todo y sus imperfecciones. Descalificarlas o manipularlas es ir en contra sentido de la construcción democrática a la que aspiramos.
