El jefe de oficina de Presidencia, Alfonso Romo, no está siendo investigado por la SFP a pesar de que Carlos Urzúa lo señaló como uno de los motivos de su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por tener conflicto de interés.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, indicó que el funcionario no ha recibido alguna queja ni denuncia, y tampoco hay evidencias para abrirse una investigación de oficio.
«En ese caso no. Nosotros actuamos por quejas y denuncias específicas, y de oficio cuando hay elementos. En este caso no ha habido».
El pasado 9 de julio a través de una carta en Twitter, Urzúa renunció a su cargo acusando de «decisiones de política pública sin el suficiente sustento», «imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública» y «personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés».
Al día siguiente en la «mañanera», el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el exfuncionario se refería en su carta a él mismo por desacuerdos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con Romo por sus decisiones en la Banca de Desarrollo.
Luego, en una entrevista que Urzúa dio a la revista semanal Proceso, reveló que en su carta sí hacía referencia al jefe de oficina de Presidencia, pero también al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
En conferencia de prensa para explicar el caso del exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la funcionaria aseguró que la dependencia a su cargo tiene en curso alrededor de 2 mil investigaciones contra exfuncionarios o funcionarios de la actual administración.
Éstas son por conflictos de interés o irregularidades en su declaración patrimonial. Además hay más de una centena de procedimientos en curso por inhabilitación en el servicio público.
