Por Jesús Michel Narváez
“Porque el pueblo lo pide”, es el argumento que osan manejar quienes propusieron y lograron la modificación a la constitución de Baja California para ampliar el mandato del gobernador elegido por dos años.
Mienten. Y lo saben.
Porque los bajacalifornianos estaban enterados de que esta elección sería para tener a un gobernador por 2 años. No más.
Y lo sabían desde 2014. No de ahora.
Y jamás se habló, en los años anteriores de buscar la ampliación del ejercicio gubernamental que inicia en noviembre.
Las dos intentonas que pusieron en marcha los representantes de Jaime Bonilla y que alcanzaron la aprobación del Tribunal Electoral Estatal fueron rechazadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Porque los cambios se pretendieron realizar en tiempo electoral. La Constitución federal y la del Estado señalan con claridad que no se pueden realizar cambios que afecten el proceso electoral.
Se pueden realizar 90 días antes del proceso, pero no dentro de éste.
Y si se argumenta que ya pasó el proceso electoral, entonces la modificación debe aplicarse para la siguiente elección.
Es algo parecido a lo que realizó Gonzalo Martínez Corbalá quien sustituyó a Fausto Zapata apenas días después de rendir protesta. Dos años más tarde, el diplomático mexicano buscaría la elección directa.
Las confusiones fueron mayúsculas. Se habló de que “es un laboratorio para la reelección de Carlos Salinas de Gortari”. Estaba a la mitad de su mandato.
Ahora, ante el rechazo de las oposiciones, las que quedan, a que en las elecciones federales de 2021 Andrés Manuel López Obrador someta a consulta la revocación de mandato, ya se mueven los de Morena para plantear en su momento, que “el pueblo bueno quiere que siga gobernando”.
Y quienes afirman que lo de Baja California es un caso único y aislado, mienten, porque se sienta el precedente de que un Congreso, en este caso local, puede reformar la constitución y ampliar los plazos de ejercicio gubernamental sin que nadie lo impida.
Si quienes tienen capacidad de presentar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, dejan pasar esta farsa, darán pauta para que otros gobernadores “reciban el apoyo del pueblo bueno y sabio” y se queden el tiempo que les venga en gana.
Deseable y necesario que se presenten las acciones en contra de esta reforma y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúen en consecuencia y declaren la inconstitucionalidad de la reforma que beneficia al gobernador electo, Jaime Bonilla.
De lo contrario, la puerta se abrirá de par en par y habrá reelecciones consecutivas de Andrés Manuel López Obrador. Aunque haya dicho ya: no me reelegiré.
Acaso ya olvidamos que durante su gestión como Jefe de Gobierno repetía día y noche: “Para el 2006 a mi denme por muerto”. Yo si me acuerdo.
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