Luego de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a que la cancelación del Programa de Estancias Infantiles vulnera las garantías individuales de los beneficiarios, la Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) calificaron la determinación como aberrante.
“No somos encubridores de actos de corrupción ni cómplices de quienes son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de los niños”, respondieron ambas instancias a la recomendación 29/2019 emitida el 31 de mayo pasado, dirigida también a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
La CNDH pidió a estas estas dependencias establecer las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de los niños a una vida digna, a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, al juego y esparcimiento a partir de su interés superior.
También solicitó restituir a los niños y a los padres, así como a los responsables y trabajadoras de estancias infantiles, los derechos que fueron violados a partir de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto de esta estrategia.
De acuerdo con el periódico La Jornada, estas dependencias expusieron que aceptar la recomendación significaría permitir el robo de mil 49 millones de pesos al erario, y lamentaron que luego de los sucesos de la guardería ABC, el organismo no buscó hacer justicia, defiende el modelo privatizador y actúa por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados.
En su respuesta, la Secretaría de Bienestar calificó de erróneos los argumentos para emitir la recomendación, pues la CNDH debió ponderar los derechos de los padres y los niños, en lugar del interés económico de las estancias infantiles, las cuales, precisó, son privadas.
Afirmó que la dependencia no ha vulnerado los derechos de los niños, sino que los reconoce y los promueve, y aclaró que con el recorte presupuestal al programa se sigue atendiendo a la misma población objetivo y “sólo los padres saben lo que es mejor para sus hijos”.
A su vez, el DIF agregó que la CNDH no considera el argumento sobre que no se restringe la posibilidad de que los niños acudan a las estancias infantiles que prefieran los padres, sino que las transferencias económicas no son un mecanismo idóneo, y que al igual que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el organismo fue un “instrumento de simulación para mantener la impunidad”.