De acuerdo a El Universal, el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015.
De acuerdo con documentación entregada por un “informante” bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por “autorizar” la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario.
El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su “aprobación”, a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, “cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda”.
Las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), así como la Auditoría Superior de la Federación habían advertido que Fertinal se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y que sólo disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas.
La situación de la empresa era tan precaria que un año después de ser adquirida por la entonces paraestatal, el director de Pemex Fertilizantes, Juan Alfredo Lozano Tovar, comentó en la sesión 005 Ordinaria de Consejo de Administración con fecha del 21 de septiembre de 2016, que “se consolidó la adquisición de Fertinal recibiéndose en una situación de crisis de liquidez, con un capital de trabajo negativo y un riesgo inminente de quiebra, lo que generará que se presente un EBIT (Earnings Before Interest and Taxes/Utilidades antes de Intereses e Impuestos) negativo” y que por lo tanto era necesario implementar un plan de choque para abatir costos.
Aun así, Lozoya Austin habría recibido autorización del mandatario para adquirirla y entregar a Fertinal 51 millones de dólares para un reparto de dividendos antes de la operación de compra-venta.
“El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno —a Peña Nieto— que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”, argumentó el informante en declaración la SEC.
Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sostienen que la operación de compra-venta de Fertinal está sujeta al Foreign Corrupt Practices (FCPA), porque Pemex cotiza en el mercado de valores estadounidense y el público inversionista lo centra en su jurisdicción.
Es decir, al cotizar en la Bolsa de Valores de ese país, Pemex se sujeta a las leyes de la Unión Americana, pues la SEC es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de hacerlas cumplir.
La FCPA castiga con cárcel a quienes corrompen a un funcionario público en detrimento de la empresa y sus inversionistas.
En este caso, el presunto soborno a Peña Nieto es investigado por posible detrimento en el patrimonio de Pemex y tenedores de bonos.
Además, según parte de lo declarado por el demandante, el sistema bancario de Estados Unidos fue “utilizado” para facilitar, vía cuentas en ese país, los pagos por soborno.
Hasta ahora, la investigación se centra en la participación de los personajes involucrados en la operación que utilizó el mercado de valores y el sistema bancario de este país para obtener beneficios personales, fuera de la ley:
Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México; Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y Fabio Covarrubias Piffer, principal accionista de Fertinal.
Por ello, la SEC prepara un informe detallado con respecto a las irregularidades en esta operación que tanto Pemex como el Grupo Fertinal bautizaron con el nombre clave “Proyecto Kimora” y que harán llegar al gobierno mexicano.