Los productores mexicanos de tomate se enfrentan a una nueva amenaza para hacer llegar su producto al otro lado de la frontera, toda vez que el gobierno de Estados Unidos pretende inspeccionar cien por ciento de la carga de la hortaliza roja.
Óscar Woltman, presidente del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), dijo que las negociaciones continúan para lograr retirar la cuota compensatoria de 17.5%, aplicada desde el pasado 7 de mayo, pero los estadounidenses ahora piden eso.
Esa petición, explicó, estaba dentro de una “lista antigua de demandas” y ahora la retoman como medida de presión; sin embargo, de imponerla habría una larga fila de transporte de carga en la frontera durante horas e incluso días.
“Si me dicen vamos a revisar cada camión en un lapso de seis horas desde que llega a la frontera y aparece el inspector, pues no tendría problemas porque es un tiempo razonable para ambos lados, pero el problema sería si me dicen 72 horas”.
La medida restaría tiempo de vida a la hortaliza fresca antes de llegar a los anaqueles de los establecimientos de venta en Estados Unidos. “Es un perecedero y, aunque esté dentro de un camión refrigerado, no lo puedes tener tres días parado”, expuso.
El vicepresidente de Frutas y Hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Sergio Esquer, coincidió con Woltman, sobre todo, porque en temporada alta para 80 mil toneladas diarias por la frontera para llegar a los consumidores finales.
“Es prácticamente imposible y, aunque es un tipo de barrera no arancelaria, sigue siendo una barrera que va entorpecer (el flujo de la mercancía) y nos va quitar competitividad que es lo que menos quisiéramos”, enfatizó en entrevista por separado.
Esa nueva propuesta “opaca” la negociación que llevan con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para echar atrás la cuota compensatoria impuesta después de haber tomado la decisión de ponerle fin al acuerdo y reiniciado la investigación antidumping suspendida desde 1996, acentuó.
“Eso se tiene que quitar porque aparte no procede”, reiteró Esquer, quien confió que la problemática tenga un fin mucho antes del 3 noviembre, cuando se espera una resolución final de parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, porque se ha tenido un fuerte encarecimiento de las exportaciones y afectaciones a los productores mexicanos.
Esta industria da empleo directo de más de 400 mil trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría son migrantes y van acompañados de sus familias, y al menos un millón adicionales en las actividades relacionadas con la cadena de soporte, logística y servicios, entre otras. Pero los exportadores mexicanos deben hacer el pago de derechos compensatorios provisionales de 17.5 por ciento como garantía para poder realizar sus exportaciones hacia Estados Unidos que, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), implica un costo anual superior a 350 millones de dólares durante el primer año.
