Por Jesús Michel Narváez
Una consulta ordenada por el entonces presidente electo -25-29 de octubre de 2018- y realizada por la Fundación Arturo Rosenblueth y en la que el 69.9 por ciento de los asistentes, un millón 85 mil, votó en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), puso en el radar la base militar de Santa Lucía como la alternativa para terminar con la “corrupción” que había en la obra (el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú confirmó en una comparecencia ante senadores que en la cancelación del aeropuerto no se encontraron hechos de corrupción).
Al día siguiente de su declaración juramentada, fue desmentido por su Jefe. El Presidente dijo el 9 de abril: “Sí hubo corrupción en la decisión de construir el aeropuerto de la CDMX en el lago de Texcoco porque, primero, se engañó a la gente con un dictamen haciendo creer que no se podía operar el aeropuerto. Se iban a cerrar dos aeropuertos para construir el de Texcoco y el actual se iba a urbanizar. Era un negocio para unos cuantos. Un tercer motivo fue que se tenía estimado construir dos pistas con 300 mil millones de pesos, que al final estamos estimando iba a resultar en un costo total de 600 mil millones de pesos”.
Aquel cuento terminó. Y se inició el de Santa Lucía, un proyecto que no tiene proyecto. Y por lo mismo, un juez federal ordenó suspender las obras. Y de ello ¿qué dijo el Presidente?
“No hay obras todavía, de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez. Pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental”, respondió en conferencia de prensa mañanera.
Y vino la declaración que deja congelado al habitante del iglú:
“Me decía el general Luis Crescencio que es algo increíble que están utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucía para tener fotografías y pruebas de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra”.
Al margen de que los drones estén fotografiando, si es que ocurrió y ocurre, para determinar “cómo va la obra”, habría que recordarle al general secretario que en el espacio aéreo de las fuerzas castrenses está prohibido sobrevolar sin el respectivo permiso, como lo estaba -¿ya no?- la residencia oficial de Los Pinos y el Palacio Nacional. Grave, sumamente grave que a través de drones se obtenga información de qué hay y para qué sirve la Base de Santa Lucía.
De ahí la pregunta: ¿es Superman?… no son los drones de la galaxia en donde habitan los fifís, los rapaces y los hampones.
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