En medio de señalamientos mutuos entre los diversos grupos legislativos, el Congreso de la Ciudad de México derogó la Fracción 7 del Artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica (recientemente aprobada por esta soberanía) que criminalizaba el trabajo sexual y violaba los derechos humanos.
La ley aprobada el 16 de mayo fue regresada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que un grupo de activistas que defienden a quienes ejercen «el oficio más antiguo del mundo» alzaron la voz para señalar a los diputados locales que esa propuesta discrimina y las perseguiría peor que a criminales.
Las correcciones que llegaron esta mañana al recinto de Donceles, fueron subidas en la sesión de este día por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, de Morena, quien en tribuna pidió a sus compañeros de bancada la necesidad de una regulación en favor del trabajo sexual y de quienes ejercen esa labor.
“Este ordenamiento ha provocado desde su regulación en 2004, que las personas que se dedican al trabajo sexual padezcan de la persecución, discriminación, extorsión y violencia física y sexual de algunas autoridades”, señaló.
Tras considerar que existe un precedente en la ciudad sobre ese tema, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos en esta soberanía consideró adecuar la redacción, “antes de que esta ley sea publicada en la Gaceta Parlamentaria, siempre y de la mano con organizaciones de la sociedad civil y con las personas que ejercen el trabajo sexual”.
Pugnó por la implementación de políticas y acciones gubernamentales que promuevan la acción en la sociedad, de actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y libertades, debido a los prejuicios y estigmas hacia las personas que ejercer el trabajo sexual para consolidar una sociedad de derechos.
Con la presencia de sexoservidoras del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero, a nombre de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Barrera Marmolejo se pronunció contra la discriminación y satanidad de una actividad milenaria y de que se sancione a cualquier persona por ejercer la prostitución.
Consideró que la aprobación de la Ley de Cultura Cívica fue por error de todos los grupos parlamentarios, y pugnó porque exista una reglamentación para que pueda dignificarse lo que consideró “este tipo de empleo”.
Miguel Ángel Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que su bancada se pronunció contra el dictamen y calificó como un acto de congruencia la rectificación realizada.
El diputado Jorge Gaviño, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó a las bancadas del Congreso de la Ciudad de México el haber aprobado dicha legislación, con sus errores, al tiempo que consideró que no es con puntos de acuerdo como se “rectifica un dictamen”.
“Los diputados del PRD votamos en contra del dictamen, fueron siete votos en contra, un diputado del PAN y uno del PRI con abstención, y los demás diputados a favor de dictamen. Ahora con un punto de acuerdo vienen a quererse parar el cuello diciendo que están defendiendo a las y los trabajadores sexuales. No es con punto de acuerdo como se defiende, hay que hablar con claridad”, aseveró el perredista.
Luego de casi una hora de debate y entre mutuas acusaciones, los legisladores echaron abajo la reforma, mientras que los grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales celebraron desde las tribunas del recinto legislativo.
