La consumación de la Guardia Nacional entró en su fase final y será este martes cuando el Pleno del Senado de la República discuta las leyes secundarias que determinan la estructura orgánica y de dirección nacional, de lo que es la reforma insignia de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar al crimen organizado y frenar el aumento de la violencia.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila adelantó que “pese a todos los pronósticos de dificultad”, las leyes de la Guardia Nacional, sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, ya cuentan con el aval de todos los grupos parlamentarios y contemplan las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de Amnistía Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de colectivos de la sociedad civil.
El debate y la discusión se centran en la expedición de la Ley de la Guardia Nacional, para evitar que su redacción se distorsione y quedé claro que es una “institución de carácter civil’’, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo Montaño.
Así mismo, se cuestiona si es militar o civil el mando, donde la oposición ha insistido en que se guarde la civilidad en su jerarquía organizacional, y por la que se le dé certeza a sus miembros sobre a qué dependencia pertenecen y cuáles son sus beneficios por pertenecer a una u otra.
Ello, debido a las dudas surgidas luego que el Ejecutivo nombró a un general -Luis Rodríguez Bucio- como coordinador de la comandancia de la Guardia Nacional.
El también coordinador de Morena comentó que espera que se logre una aprobación por consenso desde comisiones y hasta su traslado al pleno de los senadores.
Apuntó que se presentará “una nueva iniciativa”, pues se modificó más del 70 por ciento de la propuesta original del Ejecutivo Federal, y la cual espera sea firmada por todos los senadores, “como algo inédito”.
Detalló que existirá la garantía de que la Guardia Nacional será de carácter civil en su cadena de mando dentro del articulado de esta norma y en sus transitorios. Morena ha planteado que se agote el tema en un transitorio, mientras que la oposición ha pedido se integren dos artículos dentro de la ley y se agregue un transitorio, pero afirmó que la militarización en el país no puede mantenerse o pensarse.
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“Se profundiza el carácter civil, se profundiza la disciplina policial y se garantiza el mando civil sobre todos los integrantes de la Guardia Nacional”, añadió.
También generan polémica las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional, para la atención de tareas de seguridad pública.
En ese sentido, gobernadores y alcaldes se han pronunciado en contra de aportar económicamente, pues si piden la presencia de la Guardia Nacional es precisamente por la falta de recursos y elementos para hacer frente a la violencia generalizada. Ese será otro tema de discusión por la oposición.
Ante esto, el coordinador explicó que hay un capítulo especial que regula la relación de la Guarda Nacional como institución federal con los estados y municipios, en la que se establecen supuestos jurídicos y posibilidades de convenios de coordinación con éstos “respetando el federalismo y la autonomía de las mismas”, para una coordinación que dijo conlleve una “corresponsabilidad”, por lo que buscan que, si bien, no asuman el gasto por completo, se logren acuerdos de colaboración financiera.
