Por Alberto F. Mena Mallén
“…mire -me dijo un lustrador de zapatos-, las autoridades tanto de la alcaldía en Cuauhtémoc como los de la Ciudad de México, sólo sirven para sacarle dinero a uno, y eso en toda la ciudad y no para apoyarnos”.
-¿Por qué?, le pregunté.
“Es que solo vienen a presionar a quienes se ganan la vida honradamente como uno. Solo nos visitan para decirnos que nos van a quitar nuestros lugares de trabajo porque la autoridad -sus jefes-, no quieren ambulantes en las calles, -y voltea a ver hacia una de las aceras de San Cosme, repleta de vendedores informales-, y mire…”
-Y no completa la idea.
“Tengo que ir a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para renovar mi registro y evitar que los inspectores abusen de uno, ya que con el papelito que nos dan, de cierto modo nos protege, porque ahí nos consideran trabajadores informes -dijo un tanto molesto-, mientras “chaineaba” mis botas color café.
Me imaginé que los inspectores van tras lo suyo y mientras se dejen las personas, ellos salen ganando con su mochada también para los jefes.
“Aparte de que tenemos este tipo de presiones de los inspectores de la alcaldía, todo nuestro material ha subido de precio -y como ejemplo señaló la crema para bolear-, esto, -dijo- costaba hace unos once meses 18 pesos y ahora hay que pagar 36, un 100 por ciento más en menos de un año. Todo ha subido de precio, y las autoridades dicen que la inflación está a la baja y controlada, mientras que uno como ciudadano tiene que estar pagando más por el material que usa en su trabajo. Por eso nadie les cree”, subrayó.
La anécdota anterior viene al caso para señalar que no hay forma establecida para hacer denuncias, o no difunden las que existen, por lo que el coraje muchas personas lo tienen que guardar y lo desquitan platicando con sus clientes. Ya las redes sociales se han encargado de estas tareas y muchas tienen diversas consecuencias sociales o legales.
Tampoco los procedimientos o protocolos para hacer denuncias de otro tipo han mejorado, ya que la experiencia nos dice que cualquier denuncia que se hace, exceptuando las penales, como los homicidios o robos de vehículos entre otros, -por el pago del seguro o evitar ser involucrado en acciones ilegales-, son las que proceden. Las otras, cualquiera que fuere siempre duermen el sueño de los justos, en las cifras negras o… proceden muy lentamente, con el fin de buscar un beneficio para quienes las deben tramitar.
FORTALECER DENUNCIAS CON LA TECNOLOGÍA
Hace días leí un artículo de la abogada Layda Negrete, quien en su escrito sugiere tres formas para fortalecer la denuncia. Una, formalizar la denuncia telefónica, dos, fortalecer los mecanismos de denuncia en línea y tres, reconocer los mecanismos de la denuncia ante la policía. En pocas palabras afirma que las actuales formas para presentar la denuncia ante las autoridades, principalmente judiciales, son obsoletas y absurdas, ya que disuade a las personas a realizarla o la justicia no se aplica adecuadamente.
La experiencia y las pláticas con los amigos y conocidos nos señalan que el realizar una denuncia ante un Ministerio Público es un Vía Crucis para muchas personas, a menos de que tengan un conocido en esa oficina o a alguien “pesado” que ayude a agilizar los procedimientos que, por lo regular, son cansados para que el denunciante pida “un favor” al servidor público con el fin de que apure la resolución.
Antes de que la PGR se convirtiera en Fiscalía, un diagnóstico de la dependencia reveló que la mediación en el nuevo sistema penal no se aplica, falta personal especializado y priva el desorden en normas y sistemas. También en la antigua PGR se reconoció que se carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.
Y de los casos que no se logran “resolver”, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación. Se reconoce que la dependencia está rebasada por las exigencias de la nueva norma.
Entre las fallas destaca la saturación que tienen de casos por la incapacidad para investigarlos y resolverlos. Ello provoca que las procuradurías y fiscalías estatales logren disminuir el número de investigaciones gracias al archivo temporal: una medida que no resuelve de fondo los casos y simula efectividad en el Sistema Penal Acusatorio, apuntan los resultados más recientes del análisis “Hallazgos”, elaborado por México Evalúa.
Académicos y abogados litigantes han hecho comentarios en el sentido de que el actual sistema de justicia oral hay más corrupción que el anterior que se manejaba, ya que argumentan que es menos complicado “ponerse de acuerdo”, entre las partes para llegar a una resolución adecuada para quien tiene más recursos para enfrentar a la justicia. O, igualmente existen muchos huecos en las leyes y normas que no se han atendido.
Este es otro de los sectores y problemas en los que deberán poner su atención el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que en realidad haya una justicia expedita y que, con ello, los ciudadanos tengamos la posibilidad de confiar en nuestras autoridades.
Habrá que recordar que en la casa de campaña de AMLO unos abogados especialistas en seguridad, presentaron un proyecto para crear una universidad donde se capacite a Ministerios Públicos, a peritos y a todas las policías del país, proyecto del que nada se ha conocido, ya que tal vez lo mandaron al refrigerador por no considerarlo oportuno o adecuado para estos tiempos.
Lo que sí habrá que decir, es que el plan de seguridad tal, como lo han señalado, se basa principalmente en la Guardia Nacional, pero nada se ha dicho del área de administración y procuración de justicia que también es donde existe un gran atorón para resolver el grave problema de la inseguridad, que crece exponencialmente, mientras piensan que hacer con ella.
Y seguiremos esperando…
