El Estado mexicano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «el país es una enorme fosa clandestina».
Enfrenta una emergencia forense con más de 26 mil restos sin identificar en los anfiteatros del país, así como insuficientes especialistas en arqueología y antropología forense.
Los datos fueron ofrecidos por representantes del gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de desaparecidos, durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH, que se lleva a cabo en Kingston, Jamaica.
Ante la carencia de instrumentos en los análisis, los representantes de la sociedad civil exigieron la creación de un mecanismo forense extraordinario.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que México está en emergencia humanitaria y violación de derechos humanos que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo.
Destacó que la herencia más dolorosa que ha recibido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la que representa la desaparición forzada y los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, niñas y niños.
«Hoy esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados, garantizó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación».
En ese contexto se dieron a conocer los resultados de un diagnóstico del sistema forense nacional que se llevó a cabo hace unos días por la subsecretaría de Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República.
Se informó que hay 266 centros forenses. Se cuenta con 5 mil 900 especialistas en la materia… la gran mayoría son criminalistas, en tanto que hay un déficit en antropólogos y arqueólogos forenses.
Asimismo, se dijo que solamente hay 40 laboratorios de práctica de pruebas genéticas forenses y sólo 335 expertos en esa materia.
