Luis Carlos Ugalde Ramírez, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que el Censo del Bienestar carece de medidas de transparencia sobre la protección de datos personales de quienes de buena fe están proporcionándolos a los Servidores de la Nación.
“Tiene que ver con la política social, con la confiabilidad de los padrones beneficiarios. El hecho de que no conozcamos la metodología, no conozcamos las bases de datos y no se haya transparentado quién y cómo están haciendo los padrones me parece que es algo que debe llamar la atención”, dijo el ahora director de la Consultora Integralia.
El exfuncionario del entonces IFE, Ugalde Ramírez aseveró que al carecer de lineamientos claros sobre cómo manejar esos datos, pueden utilizarse de cualquier forma, incluida con fines electorales.
El director de Integralia comentó que el modelo de levantamiento censal también va a afectar al mismo gobierno y a su política social, ya que de tenerla mal hecha no podrá aplicar con eficacia los programas apara atención a pobres.
“Una condición fundamental para que estos programas sociales logren reducir la pobreza es que estén bien focalizados en la población que se busca atender. Si la improvisación o falta de preparación de quienes levantan el Censo lo dificulta, entonces la política social del presidente va a ser fallida”.
Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del centro de Estudios Espinosa Yglesias, advirtió que se abre la posibilidad que toda esa información sea utilizada por los militantes de Morena en con fines electorales.
“No es un foco rojo, pero se acerca, diría que es un foco naranja, en el sentido de que no hay prueba del uso electoral, pero sí hay indicios para preocuparse por este posible electoral. Me parece que esto debe ser aclarado por el gobierno”.
El director de Desarrollo Social con Equidad del centro de Estudios Espinosa Iglesyas dijo que, para evitar conflictos de interés, debería de existir una norma que impida a los funcionarios pasar directamente de su puesto público a candidaturas, tal como ocurre con la iniciativa privada. Esto impediría el uso clientelar de programas sociales.
“Lo que se hizo es precisamente aquello de lo que se acusa, tener información con un potencial uso electoral, y eso es sumamente delicado, y cuestionable, y puede dar al traste con la política social de la administración al restarle credibilidad y eventualmente aparecer problemas de sesgo partidistas”, comentó.
