*La Decisión de no Respetar el Estado de Derecho
*Violar la ley Porque a Alguien le Parece Injusta
*El Principio de Interés Público y el Legislativo
*Legalidad y Justicia no son sinónimos, ni lo han Sido
Por Ezequiel Gaytán
Existen muchos tipos de desigualdades sociales y todas son lacerantes. Me queda claro que en la historia de la humanidad siempre han existido. Aún más, sólo fue a partir del Siglo XVII en Francia, también conocido como el Siglo de las Luces, cuando esos pensadores propusieron que los gobernantes asumieran responsabilidades acerca de la calidad de vida de sus habitantes. Por supuesto hubo filósofos que con anterioridad lo sugirieron, pero realmente fue a partir del surgimiento de los Enciclopedistas que se impulsó la idea de prevenir y combatir las injusticias y la explotación.
Con el advenimiento de la Revolución Industrial el tema de la desigualdad social fue objeto de estudios más acuciosos y un asunto prioritario en las agendas de los sindicatos obreros, sobre todo. Surgieron entonces métodos de análisis las injusticias e inequidades sociales, las definieron y tipificaron. Fue realmente hasta el siglo pasado que los gobiernos diseñaron estructuras administrativas que atendiesen los diversos tipos de desigualdades sociales. Así, la concebimos, en primera instancia, como una situación social y económica que se refiere a la mala e inequitativa distribución de la riqueza, pues es claro que las decisiones en materia de política económica que tomaron nuestros gobiernos neoliberales ocasionaron falta de oportunidades. Sin embargo, hay más acepciones referentes a las desigualdades sociales; por ejemplo, las hay sexuales, las de discriminación, las educativas y las jurídicas.
Me voy a detener, en esta ocasión, en la desigualdad social ante el desamparo de la ley y lo que es peor, ante la decisión voluntaria del Gobierno por no respetar el Estado de Derecho. Las desigualdades socio-jurídicas, también llamada discriminación legal llega a suceder cuando en los tribunales absuelven al presunto culpable debido a que goza de poder económico, relaciones con los medios o influencias políticas.
La desigualdad socio-jurídica se aprecia en los juzgados por motivos raciales o por el color de piel o si es extranjero. Son muchos los casos de personas que enfrentan procesos jurídicos y por carecer de recursos caen en manos de abogados inescrupulosos designados por el Estado y también la prensa ha dado cuenta de jueces corrompidos que cargan los dados de la justicia mediante la aplicación de las normas de forma rigurosa. Sumemos a lo anterior que la interacción con las Fiscalías o con tribunales del poder judicial tiende a ser tardada, sinuosa y tediosa. En México existen muchísimos casos de personas que la ley no les aplica y también hay casos de otras que viven con impunidad por sus conexiones políticas e intereses económicos.
Otro tipo de desigualdad socio-jurídica que se viven en nuestro país es cuando desde las altas esferas gubernamentales se buscan resquicios o fisuras legales mediante las cuales se viola “sólo el espíritu de la Ley, pero no la ley”. Me refiero a la actuación cínica de algunos servidores públicos que rompen el principio de que la Ley aplica a todos y en caso de no estar de acuerdo con lo que les es útil la violan porque a alguien le parece injusta. Si alguien considera que una ley es injusta debe recurrir al Derecho de Amparo, pero no a su violación.
El Poder Legislativo cuando expide una ley lo debe hacer bajo el principio del interés público, ya que esa ley beneficiará a las mayorías, pero no a todos, pues legalidad y justicia no son sinónimos; nunca lo han sido y no lo serán. Aún más, el Titular del Poder Ejecutivo puede vetar una ley y para eso está constitucionalmente facultado; por su parte, el Poder Judicial es el responsable de ver que esa Ley no sea contraria a los principios constitucionales, pues a ellos les debe quedar claro, como lo dijo uno de los políticos de la Independencia Norteamericana, Patrick Henry: “La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno”. Entonces, las desigualdades sociales originadas por los gobernantes en materia jurídica son tan infaustas como las malas decisiones que en materia de política económica asumen los neoliberales.
Sostengo que las desigualdades sociales son lacerantes y me queda claro que en las sociedades modernas tampoco existe un ejemplo o un modelo puro de igualdad social, pero si una sociedad no vive extremos de miseria y de riqueza y lo que predomina es una clase media que tiene acceso a oportunidades de crecimiento y desarrollo sin discriminaciones por su credo, sexo, género, religión, preferencia política o cualquier otro tipo, sobre todo el jurídico, entonces estaremos aproximándonos a ese ideal que llamamos la sociedad igualitaria y justa.
En el caso mexicano aún estamos lejos de lograrlo y se requiere de un esfuerzo conjunto de todos los mexicanos. Deseo que mi país prospere y de ahí que lo fundamental es promover la cultura de la legalidad, ensanchar los principios del Estado de Derecho y que nuestros gobernantes prediquen con el ejemplo.
