Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
Mañana se conmemorará el Día del Trabajo. En nuestro país, la fecha estará enmarcada por la reforma laboral impulsada por Morena y con el aval del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La reforma contiene una serie de disposiciones que la visten de claroscuros, en un afanoso intento por cumplir con acuerdos impuestos en el nuevo tratado comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá (conocido ahora como T-MEC).
Entre los aspectos sobresalientes destacan la serie de obligaciones que los dirigentes sindicales tendrán que cumplir para su elección, en lo que pomposamente se ha dado por llamar democratización sindical, aun cuando en el fondo parece obvia la intención gubernamental por impulsar a los suyos y generar una nueva élite que le sea afín, a imagen y semejanza de lo que hizo el PRI desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Así se entiende que la Secretaria del Trabajo haya otorgado el reconocimiento gubernamental a la nueva central sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, el dirigente minero que alcanzó el liderazgo, a la mitad este de su padre del mismo nombre. Un ejemplo de la democracia que ahora se pregona.
La reforma establece que los dirigentes deberán someterse al voto secreto, directo y personal. ¿Por qué no se estableció que fuese universal, como planteaban sindicatos importantes como el STUNAM de Agustín Rodríguez Fuentes o los telefonistas de Francisco Hernández Juárez?
A la obligación de rendir cuenta detallada del manejo del patrimonio sindical cada seis meses, se le agregó la obligatoriedad de entregarlo a todos y cada uno de los trabajadores agremiados, con la debida constancia. ¿Cómo cumplirán sindicatos de membresía superior a los 20 mil miembros? ¡Y serán dos veces al año! La de problemas que enfrentarán el magisterio, del Seguro Social, e incluso los del Gobierno de la Ciudad, en el que, por cierto, la gestión de Juan Ayala Rivero destaca por la opacidad, sobre todo el convenio que mantiene con un diario desde que ha demostrado a cuantos considera sus enemigos, asesorado por un sujeto arropado por Jorge Luis Basaldúa y José Luis García Martínez, subsecretario de capital humano y director general de política y relaciones laborales del Gobierno de la Ciudad en lo que parece un pago de favores.
Otro aspecto que tiene un claro interés de proteger al capital trasnacional, es la obligación que impone a los sindicatos de contar con la mayoría de los trabajadores para emplazar a huelga, lo cual tendrá que ser corroborado por el gobierno, a través de un centro de nueva creación. Una especie de Espada de Damocles para mantenerlos bajo control. La representatividad tendrá una vigencia de seis meses.
Pero suponiendo que todas esas nuevas obligaciones sean la panacea y permitan la modernización de los sindicatos, dos rubros que a nuestro parecer ni siquiera fueron vislumbrados por la mayoría morenista:
¿Por qué no se incluyeron previsiones para permitirles a los trabajadores insertarse en la revolución digital que se vive a nivel mundial?
En una entrega previa, planteamos que quedan en el limbo actividades como la entrega de comida a domicilio -conocidos como “riders” en Inglaterra y “autónomos” en España-.
Y dos, sin duda la más polémica: ¿por qué Morena y el gobierno optaron por dejar de lado el outsourcing?
En la actualidad la inmensa mayoría de los trabajadores que son contratados, lo son mediante esa figura, con la finalidad de reducir costos, al pagarles los mínimos previstos por la ley; una manera de precarizar el empleo. En otras oportunidades hemos reseñado que más de la mitad de los trabajadores bancarios no reciben reparto de utilidades al no ser formalmente bancarios, frente a la indiferencia de la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde.
PARA LA AGENDA
La secretaria general del sindicato de trabajadores del hospital «Manuel Gea González», Isabel Rivera Naranjo, enfrenta hoy, en una asamblea, la amenaza de la destitución, debido al malestar que provocó no haber defendido a una trabajadora a la que se acusó de haber falsificado firmas de su jefa inmediata para obtener beneficios económicos del programa de estímulos. A principios de abril, en una primera asamblea, la señora Rivera Naranjo enfrentó severos cuestionamientos; a duras penas logró que el efecto Lucero Ortiz García -el nombre de la trabajadora- no la tirara, consecuencia de la soberbia con la que se conduce y su manifiesto interés porque una empresa que surte uniformes de origen americano -lo cual está prohibido por la ley-, se quede con el contrato que vale casi cinco millones de pesos…
