Por Joel Armendáriz
Los tiempos de la cuarta transformación, cobran facturas atrasadas y con intereses acumulados. La víctima esta vez es la iniciativa privada.
¿Perdió su poder?
Todo indica que sí. Desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador el choque con el sector privado fue tema cotidiano. Mafia del poder, unos cuántos se llevan todo, corrupción generalizada etcétera. El entonces líder del CCE, Juan Pablo Castañón y el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther quemaron sus misiles: respondieron y actuaron para que el actual Presidente no ganara.
Electo por 30 millones de mexicanos, López Obrador ajustó cuentas: canceló el NAIM y suspendió las rondas petrolíferas. El nuevo dirigente del CCE, Carlos Salazar Lomelí tendió la alfombra roja para que la pisara el Presidente.
Lanzó elogios y formuló compromisos. Su tesis: trabajar con el Gobierno sin condición alguna.
En las palabras la IP parecía recuperar su espacio, el de poder económico y decisorio en la conducción del país y de la política monetaria. En la realidad está virtualmente borrada.
La nueva reforma laboral será aprobada entre hoy y mañana. Al sector privado no le agradaron diversos artículos. Cabildeó con los senadores y particularmente con el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo. También hubo diálogo con el jefe político senatorial, Ricardo Monreal Ávila.
Apapachos mutuos. Abrazos y felicitaciones.
Los representantes de la iniciativa privada estaban satisfechos. Habían sido escuchados. Sin embargo, sus “cordiales peticiones” no fueron incorporadas a la nueva legislación laboral.
¿PERDIÓ EL PODER?
Durante décadas, en las que el “neoliberalismo salvaje” se apoderó del país, el sector privado mostró el músculo que proporciona el poder económico.
Sus cabilderos se apersonaban con los congresistas, con los secretarios de Estado, con el mismísimo Presidente de la República y, coloquialmente escribiendo, les torcían las manos. Siempre ganaban.
En la reforma fiscal de 2014, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, renegó de la fórmula aprobada. Había mecanismos que frenarían la inversión privada nacional y foránea. El gobierno de Peña Nieto no reculó.
Probablemente haya sido el inicio del fin. El poder económico que influía en el político, comenzó a perder fuerza. Los dueños de los dineros buscaron nuevos caminos para seguir como factores de las decisiones. Nació el proyecto del NAIM y se concretó. Todos los poderosos invirtieron o ganaron contratos millonarios. La cancelación, anunciada desde tiempo atrás, los tomó por sorpresa. Pataleos, reclamos, exposición de números. Nada valió: la decisión estaba tomada.
Hoy con la reforma laboral se demuestra que las influencias de los dueños del dinero quedaron atrás y que la nueva casta divina empresarial no pertenece a la del pasado. Por eso es nueva. Será la que domine en los próximos cinco años o más.
La IP no fue escuchada. Sus mensajes quedaron en el cesto de la basura. Sus documentos, triturados. Para Salazar Lomelí es un fracaso.
Y lo peor está por venir. Desaparecerá el outsourcing (terciarización) y se liberará a los trabajadores de los sindicatos corporativos. Adiós a los contratos leoninos y a los líderes “corruptos y antidemocráticos”.
El imperio se resquebraja.
