Tras firmar el Memorándum que anula la reforma constitucional en materia educativa de 2013 que implementó Enrique Peña Nieto, tanto Acción Nacional como el PRI coincidieron que la decisión del presidente Enrique Peña Nieto viola la Constitución y carece de legalidad.
Para el PAN en San Lázaro, el presidente López Obrador actúa de manera autoritaria frente a la Constitución mexicana, conculca el Estado de Derecho, el principio de legalidad, “propio de regímenes despóticos”.
“Condenamos la decisión del Presidente de México, quien mediante un Memorándum instruye a la Secretaría de Gobernación y a los secretarios de Educación Pública y de Hacienda a dejar sin efecto las medidas en las que se ha traducido la llamada reforma educativa”.
“Exigimos cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución Política le mandata al titular del Ejecutivo federal, como lo juró ante el Congreso de la Unión y ante el pueblo de México el pasado 1 de diciembre de 2018”, señalan los panistas.
Una decisión de ese tipo –dice la bancada panista- no sólo viola flagrantemente la obligación principal del Poder Ejecutivo, que estriba precisamente en ejecutar la ley, sino que violenta también la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
“Si el Presidente no está de acuerdo con lo dispuesto por las leyes vigentes tiene la atribución de promover su reforma ante el Congreso de la Unión, pero invalidarla de manera unilateral es inconstitucional y propio de regímenes despóticos”.
La fracción panista en el Senado de la República reprobó la decisión unilateral del presidente de la República en anular la Reforma Educativa promulgada en 2013, y sostuvo que esta decisión del Ejecutivo es “unilateral y autoritaria del Presidente de la República de dejar de aplicar la legislación vigente en materia educativa”.
A través de un comunicado, los senadores panistas explicaron que, “una decisión de ese tipo no solo viola flagrantemente la obligación principal del Poder Ejecutivo, que estriba precisamente en ejecutar la ley, sino que violenta también la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, aseveró que el Presidente de la República pone en riesgo el orden constitucional y el equilibrio de poderes al “usurpar o nulificar” la función del Congreso para satisfacer compromisos con la CNTE.
Al mismo tiempo, exigió de la Mesa Directiva, que encabeza Porfirio Muñoz Ledo, se pronuncie al respecto, pues con este precedente el Presidente de la República podría seguir ordenando que no se aplique cualquier disposición constitucional que no sea de su agrado.
El parlamentario priista dijo que “el memorándum” carece de todo fundamento jurídico, ya que él no puede instruir a “dejar sin efecto” leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, pues para hacerlo debe seguir un proceso a través del propio Legislativo, además de que se trata de una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes.
Por su parte, los senadores del PRI aseguran que el presidente “no posee facultades para abrogar reformas constitucionales ni legales” por lo que sostienen que el memorándum carece de toda legalidad.
Además, los legisladores afirman que no solo el presidente estaría incurriendo en violaciones constitucionales, sino que también los secretarios de despacho y funcionarios que intenten desconocer el ordenamiento legal, ya que “faltarían a su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen”.
También, alertan que “es en el seno de las Cámaras de Diputados y Senadores, legalmente constituidos, donde se debe plantear y discutir razonadamente si continua la aplicación de los ordenamientos jurídicos, así como la reglamentación secundaria para regular todas las acciones de las autoridades educativas en nuestro país”.
Por lo anterior, ponderaron la necesidad de que sea desde el Poder Legislativo donde hay que realizar los planteamientos de reformas y cambios necesarios para construir los acuerdos que beneficien a las niñas y niños, jóvenes, adolescentes y adultos que buscan prepararse en el marco de un sistema educativo nacional de calidad.
Finalmente, los legisladores del PRI acusaron que Ejecutivo pone en evidencia el total desconocimiento sobre los procedimientos parlamentarios en las cámaras del Congreso, pues recordaron que el proceso legislativo para derogar la reforma educativa está en curso, será a partir de la iniciativa presidencial que fue enviada recientemente.
