*Acusaciones con Fundamento en Documentos Públicos
*La Piedra en el Zapato de Quintana Silveira
*No se Cumplió con las Reglas de Operación
*Fueron Vulnerados los Derechos de los Infantes
Por Rafael Navarro Barrón
Una serie de denuncias y quejas ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en las instancias laborales, sacó a la luz pública el batidero del gobierno estatal, encabezado por Javier Corral Jurado, en relación con la dotación de recursos económicos dirigidos al apoyo de organizaciones de la sociedad civil, afines al gobernante panista y a su secretario de Desarrollo Social, el morenista Víctor Manuel Quintana Silveyra.
La acusación, fundamentada en documentos públicos y algunos de manejo interno del gobierno estatal, fue presentada por Jorge Muñoz Dávila, hasta hace unos días funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Corral.
El ex funcionario, muy cercano a Clara Torres, la ex directora de los Centros de Bienestar Infantil del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la piedra en el zapato de Quintana Silveira que, en dos ocasiones, ordenó a su subordinado que se callara.
La primera durante una junta donde se analizaba el fondo que el gobierno estatal estaba destinando a la niñez, particularmente para fortalecer los organismos desatendidos por el gobierno de López Obrador.
La segunda hostilidad fue recibida en boca de un funcionario del gobierno estatal, Jorge Rodela. En tono enérgico calló a Jorge Muñoz en otra reunión; al concluir hizo saber a su subordinado que sería despedido por la impertinencia de hacer pública la forma en que el Estado estaba “regalando” dinero a los grupos afines al secretario de Desarrollo Social, a pesar de que no atendían niños.
La denuncia en la Función Pública, señala que durante el año 2018 se realizaron varios Convenios de Concertación entre el Gobierno del Estado y algunas ONGs, con la finalidad de otorgar apoyos económicos, toda vez que resultaros beneficiadas dentro del Programa Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 2018.
Sin embargo, las ONGs que fueron elegidas, no contaban con los requisitos mínimos establecidos en la Convocatoria por lo que Jorge Muñoz presentó las inconsistencias, algunas de las cuales se pueden considerar como delitos o actos administrativos de Responsabilidades Administrativas, imputables para cualquiera de las dos partes.
Para el Programa Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, se lanzaron dos convocatorias, sin haberse justificado la razón de la publicación de la segunda Convocatoria; la primera de ellas se denominó “Programa de Desarrollo Infantil”, con vigencia del 12 de octubre del 2018; la segunda, “Programa de Desarrollo Infantil, por la Cantidad de 7 millones 344 mil 578 pesos”, con vigencia del 25 de octubre del 2018. En ambos casos hubo irregularidades en su publicación.
De acuerdo a las Reglas de Operación, el listado de las organizaciones de la sociedad civil seleccionadas para recibir el apoyo en las distintas modalidades se debió de haber publicado en los medios de comunicación impresos de mayor circulación estatal, además de los portales del gobernó estatal a más tardar 15 días naturales posteriores a la última reunión del Comité Dictaminador. Esto nunca ocurrió.
Además, se desconocen los criterios y el proceso utilizados por el Comité Dictaminador, para seleccionar a las ONGs como beneficiarias, así como para determinar el monto económico destinado a cada Organización, ya que existe una gran diferencia entre los montos destinados entre una Asociación Civil y otra.
La disparidad entre las asignaciones en el monto de las becas, genera un perjuicio directo de gran afectación en la eventualidad que estuvieran atendiendo niños a través de ese Programa, ya que se debió de estandarizar un monto igualitario en las becas designadas, pues todos los menores de edad deben de gozar en igualdad de condiciones de los beneficios que se otorgan.
A su vez el Estado tiene la obligación de garantizar la protección y cuidado de estos niños por lo que, al haberse designado montos diversos en las becas, se vulneran por completo los derechos de los niños, generando un estado de desigualdad entre ellos.
Por ejemplo, existen organizaciones que no manejan niños, como Sin Violencia, Organización Popular Independiente, Vida Integral para la Mujer, Programa Compañeros, que fueron beneficiados con varios miles de pesos y en ocasiones, millones de pesos, sin contar reunir los requisitos.
