*El dictamen contempla inhabilitar a funcionarios deshonestos y que no vuelvan a desempeñarse como servidores públicos
La Cámara alta aprobó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal para inhabilitar de por vida a funcionarios y contratistas o proveedores responsables de desviar recursos públicos.
La senadora panista Mayuli Martínez Simón señaló que los integrantes del Senado de la República avanzaron en materia de combate a la corrupción, al aprobar el dictamenl, mediante el cual se establece la inhabilitación permanente a funcionarios públicos que hayan cometido actos graves de corrupción, conocida como “muerte civil”.
sostuvo que la corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país porque agravia profundamente a la sociedad, deslegitima la autoridad del gobierno, vulnera la eficacia de nuestro orden jurídico e impone a la administración pública costos extra legales muy altos. Dijo que los problemas de corrupción no sólo son problemas de lesión patrimonial al Estado, sino de impunidad y de resquebrajamiento del Estado de Derecho.
“El dictamen que aprobamos transformará para bien el ejercicio del servicio público en el país. Se trata de una reforma que cambiará la visión de quienes aspiran a ocupar un cargo público, sin duda la inhabilitación permanente a funcionarios públicos es un gran avance en materia de combate a la corrupción”.
Detalló que el dictamen aprobado incorpora la sanción de inhabilitación definitiva o permanente, mejor conocida como “muerte civil”, para los funcionarios que se cometan actos de corrupción.
“Esto significa que nunca más podrán volver a desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas”, dijo.
La legisladora por Quintana Roo expuso en la máxima tribuna del país, que la corrupción es una plaga corrosiva para la sociedad que socava la democracia y el Estado de derecho, que da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad humana.
“Es un fenómeno maligno que se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo”, indicó.
Finalmente, la legisladora federal destacó que el dictamen aprobado por 102 votos, es el resultado de propuestas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano.
