México no puede aplicar represalias comerciales a Estados Unidos en caso de que éste termine con el acuerdo de suspensión de cuotas compensatorias para el jitomate mexicano debido a que no se cuenta con un marco jurídico que lo permita y sólo puede “acompañar” a los productores y exportadores mexicanos en esa negociación, aseveró la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, en una conferencia de prensa en conjunto con representantes del sector.
No obstante, mencionó que se estudian otras medidas que se pudieran aplicar y que en el carrusel de productos estadunidenses a los que México impuso aranceles desde junio de 2018 como respuesta a los que Estados Unidos aplicó al acero y aluminio, “podríamos en algún momento considerar incluir algún otro tipo de productos (de ese país)” pero puntualizó que no estarán directamente conectados a la negociación que llevan a cabo actualmente los tomateros mexicanos y el Departamento de Comercio del vecino país.
“Hemos tratado de facilitar la interlocución de los tomateros con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, porque existe preocupación sobre el tema ya que en México están en juego 400 mil empleos directos y más de un millón de empleos indirectos”, dijo la funcionaria.
El tomate o jitomate es un caso de éxito en la canasta exportadora agropecuaria de México ya que es el tercer productos de exportación más importante, sólo superado por la cerveza y el aguacate y el 97 por ciento de las ventas foráneas se destinan a Estados Unidos, con un valor de 3 mil millones de dólares.
Con el tiempo en contra, la negociación del tomate entre organizaciones nacionales de productores y exportadores de jitomate o tomate con el gobierno de Estados Unidos ha entrado “en impasse” porque no fue aceptada la última propuesta de los mexicanos para que sea renovado el acuerdo de suspensión de cuotas compensatorias que que podría terminar el próximo 7 de mayo, expuso a su vez Mario Robles, a nombre de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMIHPAC), de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Consejo Agrícola de Baja California (CABC), del Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui – Mayo (APHTYM).
El caso data desde hace 22 años, porque tan sólo dos años después de que entró en vigor el TLCAN productores de Florida pidieron una investigación dumping contra el tomate mexicano, pero quedó suspendida desde 1996 y desde entonces el acuerdo de suspensión se renovó en tres ocasiones, cada quinquenio.
Pero si ahora se elimina definitivamente sería “altamente perjudicial porque nos sacaría materialmente del comercio en ese país y dejaría fuera de la exportación a muchos pequeños y medianos productores mexicanos, la mayoría migrantes locales, que no podrían pagar la cuota compensatoria de 17.5 por ciento. Eso no podrían cubrirlo por lo menos la mitad de los 14 mil productores que existen actualmente. Además resultarían afectados los consumidores de Estados Unidos porque uno de cada dos tomates que se compran allá provienen de México aunque por cada dólar que pagan sólo 30 centavos llega al productor mexicano, así que dos terceras partes del valor se genera dentro de su propio país”, advirtió Robles.
Reconoció que los tomateros se establecieron en una zona de confort porque durante 110 años han exportado a Estados Unidos pero si cambian las condiciones tendrán que buscar otros mercados.
