Por Jesús Michel Narváez
No es novedad. Felipe Calderón inició una serie de críticas y ataques en contra de jueces corruptos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo sepulcral silencio.
Pasaron entre 8 y 10 años para que el tema cobrara vigencia y al parecer ahora tendrá efectos: el presidente de la Corte y del Consejo Federal de la Judicatura, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, decidió hacer caso a las críticas y señalamientos del presidente López Obrador y ya anunció lo que será una purga severa dentro del Poder Judicial de la Federación.
Es sano que uno de los Tres Poderes de la Unión revise a fondo el actuar de sus integrantes. Hay, ciertamente, algunos magistrados y jueces que podrían caer en el supuesto de actos de corrupción.
Sin embargo, no se debe ni se puede generalizar porque una decisión de castigar, inhabilitar o hasta someter a proceso a algún juez o magistrado traería como consecuencia que las sentencias dictadas por ellos, en el sentido que fuere: culpable o inocente, podrían cambiar al comprobarse que una de ellas estuvo viciada por dádivas o tráfico de influencias.
De ahí que la purga –hay quienes dicen que muchos jueces y magistrados les tienen ojeriza desde los otros dos Poderes- deberá ser ejecutada con sumo cuidado.
No por un juez o un magistrado que presuntamente cometieran actos de corrupción, se debe pensar que todos también los realizaran.
En 1994, cuando Ernesto Zedillo le dio “golpe de estado” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y redujo de 27 a 11 los ministros que la integraban, se cacareo que la nueva etapa de la Corte iniciaba de cero corrupción, cero compadrazgos, cero refugio para políticos desempleados.
Casi cinco lustros después, los jueces, magistrados e inclusive ministros, vuelven a ser el centro de acusaciones.
Sin ir más lejos, el expresidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien en enero cumplió dos periodos y cedió los trastos a Zaldívar Lelo de Larrea, ha sido mencionado como el ineficiente funcionario que dejó obras inconclusas y rento propiedades que nunca utilizó, lo que causó un daño al patrimonio de la institución.
Decenas de jueces han sido removidos, cambiados de sede o incluso acusados de corrupción; los magistrados no se salvan de la andanada en contra del Poder Judicial y, como le dije líneas arriba, hasta el expresidente anda en boca de todos.
Quizá la purga sea necesaria. Imposible meter las manos a lumbre por los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Pero ojo: debilitar al único contrapeso que queda en este país, podría ser sumamente riesgoso para la democracia no solamente para la impartición de justicia.
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