Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El pasado sábado 23 de marzo, el influyente periódico español El País, dedicó su página 10 a un trabajo que tituló: “López Obrador abre las puertas de su gobierno a los evangélicos”, en el que da cuenta que Arturo Farela, quien encabeza la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), acudió a Palacios Nacional en dos ocasiones en menos de un mes para ser recibido por el presidente de la República.
Pero, además, representantes de Confraternice, por instrucciones del presidente López Obrador, se han reunido con los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Salud, Jorge Alcocer; de Bienestar, María Luisa Albores; y el coordinador nacional de los programas sociales, Gabriel García.
Sin embargo, lo interesante es que, de acuerdo con Farela, identificado como un pastor de 65 años, originario de Frontera, Coahuila, la confederación de iglesias cristianas evangélicas participará en programas sociales del gobierno, como “Jóvenes construyendo el futuro”, a cargo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social que encabeza Luisa María Alcalde Luján, hija del abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani y Berta Luján, quien en algún tiempo fue vocera del Frente Auténtico del Trabajo.
“Vamos a ir a buscar a los jóvenes para presentarles el programa y que alguien de nuestras iglesias los adopte. Y también que se les enseñen principios y valores bíblicos porque el estudio, el trabajo y el dinero, sin Dios no es suficiente”, citó palabras del pastor Farela.
Incluso el diario señaló que el pastor colabora en los foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio de López Obrador, además de que buscan se le permita a su grupo ingresar a prisiones y hospitales “para llevar -lo cita textual- palabra de esperanza y consuelo mediante la fe de Jesucristo”.
Lo interesante es la posible participación de los evangélicos en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, uno de los planes estratégicos del Gobierno lopezobradorista, con el que se espera otorgar becas a un total de 2.6 millones de jóvenes, dividido en dos vertientes.
Por una parte, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con un presupuesto de 40 mil millones de pesos para este año -la cifra representa el 92.4 por ciento del total de recursos públicos para esa dependencia-, se calcula otorgar una beca mensual por 3 mil 600 pesos durante un año a jóvenes entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, mientras se capacitan en empresas.
En este caso, la proyección es llegar a un millón de becarios este año, aun cuando el objetivo final es alcanzar la cantidad de 2.3 millones.
La otra vertiente la maneja la Secretaría de Educación Pública, con un presupuesto de 4 mil 320 millones de pesos para otorgar becas mensuales por 2 mil 400 pesos a 300 mil jóvenes estudiantes, mientras duren sus estudios.
Ante esas cifras, “Jóvenes construyendo el futuro”, es uno de los programas estrella del actual gobierno, por las repercusiones políticas y sociales que tiene aparejadas, financiado con dineros públicos.
Por lo tanto, en el supuesto -y subrayamos, en el supuesto- que desde instancias gubernamentales se busquen mecanismos para que iglesias evangélicas agrupadas en Confraternice tengan participación en ese programa, no sólo sería probablemente constitutivo de delitos y de irregularidades administrativas, independientemente que significaría mandar al bote de la basura la laicicidad del quehacer gubernamental.
Desde mediados del siglo XIX y después de las Leyes de Reforma que enfrentaron a liberales contra conservadores -ahora tan de moda, aderezada además con expresiones como fifís-, la separación del Estado y la iglesia es una realidad en México que, sólo a manera de ejemplo dio origen al Registro Civil como lo conocemos en la actualidad.
¿Cuál sería el papel que los evangélicos realizarían en ese programa? ¿Qué implicaría que los jóvenes beneficiarios del programa fuesen adoptados por esas iglesias? ¿Para qué…?
PARA LA AGENDA
Hace un par de semanas, la secretaria general de la sección XLII FOVISSSTE del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Eva Guadalupe Hernández García, presionó a trabajadores de base del fondo de las oficinas de la Delegación Regional de la Zona Norte, para que le firmaran un escrito en el que demanda que sean retirados trabajadores, también de base, comisionados a esas oficinas, bajo el argumento que no son necesarios. Inició, con esa acción, un conflicto con la sección I “Oficinas centrales” de la que forman parte los trabajadores comisionados, el cual pudiera escalar y alcanzar niveles insospechados por la ignorancia de la señora Hernández García, quien exhibe su desconocimiento, debido a que en esas oficinas hay, además, 10 trabajadores de confianza y por honorarios. La sección XLII tiene en esas instalaciones a 22 agremiados…
