La Corte Suprema de Estados Unidos falló el martes en contra de un grupo de inmigrantes en un caso sobre el poder del gobierno para detenerlos después de que cometieron delitos, pero cumplieron sus condenas.
La controversia en el caso ante los jueces tenía que ver con la detención de personas que no son ciudadanos y que han cometido una amplia gama de delitos que los hacen susceptibles de ser deportados. La ley de inmigración le ordena al gobierno que detenga nuevamente a esas personas cuando sean puestas en libertad, mientras un tribunal de inmigración decide si deben ser deportadas.
Sin embargo, los afectados por la ley no siempre son detenidos inmediatamente y a veces no son arrestados sino años después. En el caso ante la Corte Suprema, varias personas _en su mayoría poseedoras de tarjetas de residencia permanente conocidas como «green cards»_ argumentaron que a menos que sean retenidas en un plazo de un día a partir de la fecha de su puesta en libertad, deberían tener derecho a una audiencia en la que puedan alegar que no representan un peligro para la comunidad y que es poco probable que huyan. El tribunal rechazó el argumento.
Si un juez hubiera avalado a los demandantes, no tendrían que permanecer presos mientras prosigue su caso de deportación. Esa es la misma regla de audiencia que se aplica a otros no ciudadanos que el gobierno está tratando de deportar.
Sin embargo, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo con la interpretación de los inmigrantes de la ley federal, en un fallo de 5 a 4 que dividió al tribunal según los criterios ideológicos de sus miembros. Al examinar una disposición estatutaria promulgada por el Congreso en 1996, el juez Samuel Alito escribió que «ni el texto de la ley ni su estructura» apoyaban el argumento de los inmigrantes. Los jueces conservadores de la Corte se pusieron del lado del gobierno de Trump, que argumentó _como lo hizo el del presidente Barack Obama_ en contra de las audiencias para los condenados por delitos y que se han visto afectados por la ley.
El caso ante los jueces involucró una demanda colectiva presentada por personas en California que no son ciudadanos estadounidenses y una demanda colectiva similar presentada en el estado de Washington. Uno de los principales demandantes, Mony Preap, ha sido residente permanente legal en Estados Unidos desde 1981 y tiene dos condenas por posesión de marihuana. Quedó en libertad en 2006, pero no fue apresado por las autoridades de inmigración sino en 2013.
Preap ganó en los tribunales inferiores y se ordenó al gobierno que le proporcionara a él y a otros miembros de la demanda una audiencia de fianza. Desde entonces, Preap ganó el caso que buscaba su deportación.
