*De la Dañina Industria Turística/Explotación
*AMLO: Modificar su Postura Sobre el Turismo
*Actuación del Sistema Financiero de México
*Y los Desfalcos en la Banca de Desarrollo
Por Silvestre Villegas Revueltas
Hace unos cuantos días el gobierno de López Obrador de visita en Baja California Sur, expresó que una diferente manera de fomento al turismo en México comenzaba por mejorar las condiciones de vida e ingresos salariales de los trabajadores que laboran diariamente en los muy lujosos complejos hoteleros y en condominios con todas las facilidades que existen en la zona turística de Los Cabos. El anterior comentario se fundamentaba porque desde años atrás y en el día a día, fue ahondándose una realidad social que mostraba por un lado campos de golf de categoría internacional y en sentido opuesto la proliferación de cinturones de miseria en Los Cabos donde no había agua corriente, drenaje, con veredas arenosas y construcciones endebles que con la llegada de los huracanes terminaban desapareciendo. Semejante realidad no solamente provocó un resentimiento social, sino que fue aprovechado por el crimen organizado para tender sus redes criminales que se materializaron en secuestros, balaceras y la paulatina drogadicción de la población local. Hay que subrayarlo, la industria del turismo/explotación como se materializa en países pobres resulta dañina para la integridad social de estados como Camboya, Perú, México o Egipto; la meta sería convertir el turismo en motor de desarrollo integral como sucede en España, Gran Bretaña, los Estados Unidos o China. Lo primero es implementar buenos y estables contratos de trabajo que de ninguna manera ponen en crisis las finanzas de los grandes complejos hoteleros, ni tampoco de las empresas turísticas locales. Segundo, debe implementarse una educación para las diversas actividades turísticas comenzando con la multiplicidad de meseros que muchas veces no saben su oficio, ya no dijéramos conocimientos sobre cocina un poco más compleja de los alimentos diarios y cotidianos. Un tercero fundamental es que las instalaciones turísticas deben tener información sobre la ciudad, el rumbo, las ruinas, los paseos, las excursiones, los museos y demás actividades; no es exagerado subrayar que cuando llega uno a muchos hoteles en la Ciudad de México como en otros lugares, el personal de la recepción no cuenta con mapas de las atracciones locales. Ello es un requerimiento elemental que sí se cumple de una manera generalizada en aquellos países como Francia donde el turismo es una genuina empresa. Finalmente, quisiera señalar que me parece que en cuanto al tema del turismo en México es necesario que el gobierno de AMLO modifique su original postura sobre el tema; es cierto el despilfarro a que se llegó con las representaciones mexicanas, pero la promoción turística, si bien debe tener el respaldo gubernamental (entre otros asuntos el medular tema de proporcionar seguridad a los paseantes), son los particulares quienes deben llevar sobre sus hombros la promoción de los diferentes destinos y los servicios turísticos que se ofrecen.
La segunda problemática tiene raíces más complejas, ha implicado todo un andamiaje caracterizado por la corrupción, y en el diario acontecer afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos. Es obvio que algunos vividores se han enriquecido hasta lo indecible gracias a los compadrazgos y sobre todo debido a una legislación a propósito para delinquir y una actuación judicial que ha potencializado la opacidad. Me refiero a la diaria actuación del sistema financiero en México. No se nos debe olvidar que a inicios de los años ochenta López Portillo nacionalizó una banca mexicana endogámica, abusadora para con sus clientes y que estaba a punto de la quiebra. El presidente De la Madrid y luego Salinas de Gortari maniobraron, primero para crear una especie de banca paralela en el engrandecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores y en una segunda etapa, la venta de los nacionalizados/saneados bancos mexicanos a corporativos transnacionales, particularmente la banca española y de los Estados Unidos. Fueron ventas multimillonarias que enriquecieron a algunos pero que no pagaron impuestos, resultantes de las operaciones de compra/venta, porque estaban protegidos por una legislación a propósito: las autoridades defraudaron a la nación mexicana. Pasaron pocos años, y de error en error llegamos al rescate del sistema financiero mexicano proporcionado por el presidente Clinton; pagamos puntualmente cantidades billonarias y el subsecuente FOBAPROA sigue siendo el día de hoy un hoyo negro que consume cantidades ingentes de miles de millones de dólares sin que exista hasta la actualidad un solo detenido por su responsabilidad en un acto que ha hipotecado el bienestar de muchos mexicanos por generaciones enteras. Más recientemente y ha vuelto a salir a la luz pública, los desfalcos que se originan y se reproducen en la banca de desarrollo del gobierno mexicano (genuinas minas de oro que han proveído de millonarias cantidades de pesos a las administraciones en turno y cantidades importantes de fondos para enriquecer a sus funcionarios). Dichas instituciones públicas se crearon para aliviar las necesidades financieras de los mexicanos más desprotegidos y de poco han servido; a un lado de ellas están las cajas populares, cajas de ahorro y financieras que igualmente tienen como clientes a ciudadanos de escasos recursos. La mayoría de tales instituciones han ido quebrando y la legislación a partir del 2008 también ha sido a propósito para que sus directivos y bienes hayan ido desapareciendo, dejando en la orfandad a los ahorradores. Este tipo de casos se materializó, por ejemplo, en el sexenio pasado, con la financiera FICREA que tenía miles de ahorradores y que de pronto vieron desaparecer sus recursos. La autoridad federal de regulación bancaria tomó el camino de declararla en quiebra y con ello el tortuoso camino de recuperar el dinero de los ahorradores por medio de la localización de los bienes de los directivos de dicha financiera: algo parecido al escandaloso caso de la quiebra de Mexicana de Aviación frente a la inmensa riqueza del grupo hotelero de Azcárraga. En los dos muy diferentes casos reseñados en este artículo hay dos denominadores en común: 1. Convirtieron un legítimo y positivo negocio en un problema que ha dañado la integridad diaria de los mexicanos involucrados. 2. Los responsables de semejante quebrantos al erario público y a los ahorros de particulares no han sido enjuiciados, entre otras cosas porque la legislación de las actividades financieras fue hecha para delinquir impunemente. Si se quiere una genuina transformación republicana, una corrección mayúscula de las leyes en México es el paso indispensable.
