Por Nidia Marín
Simplemente los linchan. Son nuestra Fuente Ovejuna. En México la paciencia de los ciudadanos se ha ido agotando, a la par que cunde la desesperación por la crisis evidente en la impartición de la justicia.
Los linchamientos siempre han existido en el país, pero en los últimos años se han incrementado ante la inseguridad que prevalece y el crecimiento de los delitos, tanto del fuero común, como federales.
Este principio de año fue particularmente sangriento en materia de hacerse justicia por propia mano. Por ejemplo, en el pasado febrero, entre otros casos se registró el linchamiento de seis personas en Veracruz por presunto intento de secuestro; de un supuesto feminicida en Puebla; de un sospechoso de abuso sexual de menores en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía de Xochimilco; y de un asaltante, en Ecatepec, Estado de México.
Ya en marzo, hubo otro linchamiento en el municipio de Vicente Guerrero, Puebla. Son sólo ejemplos.
Hay cifras que indican que el año pasado fueron linchadas 25 personas, mientras 40 alcanzaron a ser salvadas por la policía.
La palabra es sinónimo de muerte. Juan Pablo Aguirre Quezada, en una investigación para el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República nos ilustra:
La palabra, dice, proviene de una derivación del apellido del estadounidense Charles Lynch, “granjero del Estado de Virginia, famoso por las puniciones que infligía a los criminales durante la Guerra de Independencia de 1782. Lynch, que era juez, presidía una especie de tribunal irregular para mantener el orden en aquel período turbulento de la historia estadounidense”.
A su vez, la Real Academia Española, explica el estudioso, define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
Aguirre Quezada también expresa el planteamiento de Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano: “cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno”.
El asunto es que en los últimos 26 años (hasta febrero de 2018) se habían registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, principalmente en la zona centro-sur del país.
Si bien este tipo de “justicia” aplicada por el ciudadano común, ocurre en todo el mundo, en México de diversas maneras se ha tratado de que no ocurra. Por ello, el artículo 17 de la Constitución señala que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Además, indica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Y el Código Penal Federal puntualiza en su artículo 321:
“En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso”.
Precisa Aguirre Quezada que un obstáculo para la justicia por casos de linchamiento, es que en los ministerios públicos se denuncian los delitos por el cual el afectado fue golpeado y entregado a la justicia en el mejor de los casos. Sin embargo, la victima puede no reconocer a quienes lo agredieron, por lo que la agresión se pierde en el anonimato y no hay a quien comprometer directamente hasta que no haya una investigación que deslinde responsabilidades.
Por lo tanto, expone, esclarecer los actos de linchamiento y llevar a la justicia a los causantes “implicaría un ataque de las autoridades contra el delito y un mejoramiento notable en la procuración de justicia que reduzca la impunidad. Ambas demandas ocupan desde hace mucho los primeros lugares entre las prioridades del país”.
Por ello, agrega, es necesario una respuesta rápida que permita rescatar a las víctimas, además de concientizar a la población que la mejor decisión es entregar a los acusados a las autoridades, con el fin de lograr una procuración de justicia eficiente.
