Luego de que fue publicado un decreto en la Gaceta Oficial, con el que el gobierno capitalino facilita a personas de 12 años la modificación de su identidad de género en su acta de nacimiento, la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la determinación al referir que el Estado mexicano debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad de un grupo de atención prioritaria”.
El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de México de las Personas Adolescentes garantiza el acceso de adolescentes, de 12 años en adelante, al cambio de nombre acorde con su identidad de género auto percibida, con la consecuente inscripción de éste en todos sus documentos oficiales, indicó la CDHCM en un comunicado.
Con ello se evita un procedimiento judicial oneroso, patologizante e invasivo; con efectos perjudiciales para el libre desarrollo de la personalidad.
La Comisión considera que la medida guarda concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Comité que interpreta su contenido, quienes instan a los Estados a derogar las leyes que criminalicen o discriminen por orientación sexual, identidad de género o intersexualidad.
“La publicación del Acuerdo, por tanto, es un ejemplo del control de convencionalidad ex oficio al que están llamados a hacer todas las autoridades del país para velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate en términos del principio pro persona.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) celebra la respuesta efectiva que las autoridades del Poder Ejecutivo local han tenido, desde un marco de derecho, para atender de manera sensible la legítima demanda de numerosos grupos de la sociedad civil para proteger a niñas, niños y adolescentes que encontrarán en ese trámite una posibilidad de evitar sucesivos actos de discriminación principalmente en los ámbitos social y educativo”, sostiene el documento.
