El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la denuncia interpuesta por el Gobierno de México en Estados Unidos contra fabricantes, es por sus actividades irresponsables en el tráfico de armas, que se ha planteado de manera cuidadosa y con apegado a las leyes del país vecino.
“No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno, es un procedimiento civil, porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir contra la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en la que se fabrican y se venden, que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control”, declaró.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no se trata de una demanda contra el gobierno de Joe Biden, sino una denuncia civil, un asunto entre particulares, pero que ayudaría mucho para frenar la violencia en nuestro país.
El presidente de Estados Unidos ha calificado como una «epidemia» la violencia con armas de fuego en su país, por lo que impuso medidas para prevenir la propagación de las llamadas «armas fantasma», imposibles de rastrear.
«Es la primera vez que se hace un planteamiento así: cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de las leyes de Estados Unidos», aseguró López Obrador.
La demanda fue presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Corte Federal de Boston contra 15 empresas cuyas armas van a parar a manos del crimen organizado en México, pues no hay control en su venta y la forma en la que se introducen en el país, hasta por internet.
«Estamos hablando de Barret 50, de armas de alto poder que se introducen al país. Creo yo que el juzgado de Boston va a resolver, no es algo que se tenga que resolver pronto, se va a tener toda la información», dijo.
Uno de los clientes de la marca Barret es el Ejército mexicano, que cuenta con varios de estos rifles del alto poder, pero que en sus misiones de vigilancia y patrullaje de zonas estratégicas de seguridad nacional opera con un déficit de 324 fusiles de precisión calibre .50, de acuerdo con fuentes castrenses.
“Ya estas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada. Con lujos en las cachas y ellos lo saben, que es para nuestro país, el destino de estas armas”, acusó.
La demanda señala que México busca una compensación, pues alega que Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país, así como ser productores de más de 68 por ciento de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año.
Al respecto, la Asociación Comercial de la Industria de Armas de Estados Unidos (NSSF) rechazó las acusaciones y consideró que el gobierno de México es el responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro del territorio nacional.
Reiteró que todas sus armas de fuego han sido evaluadas bajos los estándares con las leyes federales y estatales, con la verificación de las autoridades y agencias de seguridad nacional, como el FBI, por lo que insistió que las acusaciones de México son “evidentemente falsas”.
La demanda se presenta cuando México ha registrado los dos años más violentos de su historia coincidiendo con los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 681 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.
En la demanda se establece que entre 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron objeto de tráfico, e identifica a Los Zetas, Caballeros Templarios, Cartel de Sinaloa, y Jalisco Nueva Generación como las organizaciones más beneficiadas por esa actividad.
Las armas que el cártel de Sinaloa utilizó para evitar la detención de Ovidio Guzmán Loera, el atentado contra el secretario de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, así como el homicidio de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en febrero de 2011 en San Luis Potosí, fueron adquiridas en Estados Unidos, y llegaron a nuestro país de manera ilegal, establece el documento.
Desde el 2019, el Ejército Mexicano desarrolla un prototipo de esta arma de fabricación nacional para terminar con la dependencia del fabricante estadounidense.
