El Banco de ADN que debe resguardar la información genética de agresores sexuales y feminicidas de la Ciudad de México sigue sin operar pues le faltan certificaciones.
Aunque la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, aseguró que el 31 de marzo ya estaría en operación, aún no han empezado con la toma de muestras. Es la tercera ocasión en la que se retrasa su estreno: la primera se estableció para agosto de 2020 y la segunda para enero de 2021.
De acuerdo con el proyecto planteado desde 2019, el objetivo del banco es proporcionar información para el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de investigaciones vinculadas a homicidio, lesiones, secuestro con fines sexuales, incesto, violación, estupro y feminicidio.
Almacenará los genes de las personas procesadas y sentenciadas a través de muestras aportadas voluntariamente por las víctimas, de los elementos que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana, de los integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, y de la persona titular de la Jefatura de Gobierno. El banco no será público, sólo se usará para fines de investigación.
Ayer este diario cuestionó a la fiscal sobre cuántos registros llevaban. “Está recientemente concluido, en este momento ha iniciado ya el proceso de certificación, es una materia que tiene que tener una gran exactitud en todo el trabajo que se está haciendo”, respondió.
Ante la promesa incumplida de arranque explicó que están certificando los equipos para que estén perfectamente calibrados, además de que están haciendo lo mismo con el personal del área de peritos y los genetistas.
El Banco de muestras genéticas, es uno de los proyectos más costosos para el gobierno de la ciudad, pues se aplicó un presupuesto de 81 millones de pesos. En su primera etapa podrá almacenar nueve mil registros para ser cotejados en investigaciones.
«Tenemos una colaboración con la Entidad Mexicana de Acreditaciones una asociación civil se le conoce como la EMA, donde la coordinación de servicios periciales está ya, llevando todas las actividades para lograr que una vez echado andar 6 meses después se tenga la certificación del laboratorio», dijo en septiembre pasado.
Sobre la pausa en la que también se mantiene el Registro Público de Agresores Sexuales, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no se ha publicado porque hubo una solicitud de la Comisión de Derechos Humanos y algunos ajustes a esta Ley asociados a una resolución del Tribunal, de tal manera que es público, pero requiere de algunas especificaciones para solicitar esta información.
Expertos en resguardo de datos cuestionaron este acceso. Como informó ayer este diario, el abogado Diego García Ricci destacó que esta debilidad debido a que no se han emitido las reglas de operación, por ejemplo quién sí y quién no podrá acceder al registro.
Hoy se van a presentar los detalles de este Registro Público de Agresores, ya establecido por Ley, desde las instalaciones del Banco de Datos de ADN.
