La restricciones de movimiento impuestas contra la expansión del COVID-19 han alterado las rutas aéreas, pero no las marítimas, de tráfico de drogas en América Central, una región donde, advirtió la ONU, el narcotráfico sigue provocando “corrupción, violencia e inestabilidad política y social”.
Así se expresa la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente (JIFE) en su informe anual sobre drogas, en el que indica que las incautaciones de droga en 2020 muestran que los narcotraficantes siguen tratando de pasar grandes cantidades de cocaína por mar, desde América del Sur a Europa y Estados Unidos.
El informe de la JIFE se refiere, por ejemplo, al uso de buques portacontendedores, como en el que se localizaron cinco toneladas de cocaína en Costa Rica en febrero del año pasado.
Además de seguir siendo una de las principales rutas de envío de droga desde el sur al norte, la JIFE señala que varios países en América Central también son usados para refinar la cocaína.
El informe recuerda como las maras Salvatrucha y Barrio 18 siguen involucradas en el narcotráfico y la extorsión en El Salvador, Guatemala y Honduras, y advierte de que la organización Bagdad “está expandiendo sus actividades criminales” en Panamá.
La JIFE expresa que los índices de consumo de cocaína en América Central y el Caribe son mucho menores que los de Europa, EE.UU. y América del Sur, pero advirtió de que le preocupa el uso de anfetaminas y estimulantes farmacéuticos.
Así, la prevalencia anual (el porcentaje de población que probó esa droga) es de alrededor del 0.98 por ciento en América Central y 0.9 por ciento en el Caribe, muy por encima del 0.27 por ciento de América del Sur.
En varios países centroamericanos el uso no médico de estimulantes farmacéuticos, incluidas las pastillas para perder peso, es más frecuentes que el de otras anfetaminas, especialmente entre las mujeres.