La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) exhortó al Senado de la República a rechazar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Los gobernadores panistas sentenciaron que los monopolios no benefician al país, en relación a que con la reforma se dará prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Aseguraron que “sí es posible la soberanía energética con competencia” y demandaron impulsar las energías verdes; respetar la inversión privadas y atraer nuevos proyectos.
El llamado de la GOAN ocurre previo a la discusión en el Pleno del Senado de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes, las comisiones unidas de Energía; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron la minuta sin cambios.
La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); así como garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que se actualizarán únicamente conforme a la inflación.
Modificará el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en prioridad: energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.
Prevé la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía; establece que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas.
Eliminará la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos; obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley.