Para evitar los abusos que las empresas realizan hacia los trabajadores, el gobierno de la Ciudad de México ha planteado multas contra los contratistas que omitan avisar sobre sus esquemas de subcontratación.
La reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México que será analizada por el Congreso local plantea establecer la obligación de presentar un aviso a cargo de las personas físicas o morales que contraten o subcontraten, independientemente de la forma en que se denominen, los servicios proporcionados por un contratista.
“El objetivo es evitar prácticas de evasión fiscal con lo que se fomenta la obligación de contribuir al gasto público, ya que en los últimos años se hizo frecuente la práctica de ciertos contribuyentes de dejar de enterar sus contribuciones aprovechándose de engaños o errores para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtener algún beneficio en detrimento del fisco local”, se lee en la iniciativa.
Respecto al aviso, deberá contener como anexo el original o copia certificada del contrato respectivo, la información sobre el número de trabajadores, así como la denominación o razón social, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del contratista.
“Las personas físicas o morales que contraten o subcontraten, aun cuando la erogación por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado se realice por conducto de otra persona, deberán presentar ante la Secretaría un aviso dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se celebre dicho contrato o se realicen modificaciones al mismo”, se lee en el documento.
Si no lo presentan, las multas irán desde tres mil 713 pesos hasta 9 mil 413 pesos.
La iniciativa entregada por la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, destaca que “el objeto de la propuesta es armonizar el marco jurídico en materia de subcontratación (outsourcing) con el conjunto de reformas que presentó el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión”
Sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado martes que el sector empresarial ha manifestado su apoyo a las autoridades gubernamentales al no proteger a los llamados «factureros» evitando así la ilegalidad.
