El secretario general de la general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ha apostado por que “los rendimientos económicos de las empresas tienen que estar al mismo nivel que los sociales y medioambientales”.
Así lo ha señalado el representante de la OCDE durante su intervención en la reunión de alto nivel ‘La Economía Social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa‘ que acoge el Palacio de Congresos de Toledo, con la presencia de la ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Gurría indicó que para la OCDE la economía social es una tema “crucial” en el que lleva trabajando más de 20 años e hizo hincapié en que en la actualidad hay “una crisis global sin precedentes” con impactos “enormes” sobre la salud, las economías y las sociedades, ya que el virus se ha cobrado más de un millón y medio de vidas y el impacto económico ha sido “tremendo”.
Según las previsiones de la OCDE, el Producto Interno Bruto (PIB) global se contraerá un 4.2 por ciento en 2020 y después volverá a crecer en el mismo porcentaje en 2021, de manera que este organismo ha proyectado que el PIB global al final de 2022 sea de 6 mil billones de dólares menos de lo que estaba previsto antes de la crisis, con lo cual se produce “un perjuicio y un daño gravísimo”.
Asimismo, ha agregado que la crisis también ha incrementado las disparidades en materia de renta y de ingresos, un 7.3 por ciento en la OCDE y 7.5 por ciento en la Unión Europea (UE) en septiembre, y los jóvenes se han visto “especialmente afectados” con unos tipos de desempleo del 14.5 por ciento en la OCDE y del 17.1 por ciento en la UE.
Gurría ha resaltado que las organizaciones de la economía social son “socios fiables” de los gobiernos nacionales e internacionales, han estado “en primera línea de lucha” contra esta crisis y han abordado las necesidades sociales que a menudo no podían colmar los mercados.
En este punto, ha puesto como ejemplo que en Estados Unidos las asociaciones han podido apoyar al Gobierno llevando menús y comidas a los alumnos en colegios en zonas rurales que se tuvieron que cerrar debido a la pandemia del COVID-19.
No obstante, remarcó que la economía social tiene “un gran potencial” y puede hacer “mucho más” y desempeñar “un papel transformador” en las empresas, con la mejora de la prestación de servicios, promoviendo el compromiso de los ciudadanos y garantizando que “no se deja a nadie atrás“; así como impulsar una transición “justa” y respaldar la eficacia y la resiliencia a través de la innovación social.