Nuevo León presenta su controversia constitucional en suma a los acuerdos adquiridos con la Alianza Federalista

En seguimiento de nuestro compromiso con la ciudadanía y haciendo valer el Estado de Derecho, la Alianza Federalista continúa presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las controversias constitucionales en contra de la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Esta semana se entregaron suscritas ante la Corte las demandas de los Estados de Jalisco y Chihuahua, los días martes y jueves respectivamente y este viernes tocó el turno al Estado de Nuevo León.

Tal y como lo hiciesen los Ejecutivos Estatales y miembros de la Alianza Federalista, el Lic. Javier Corral Jurado y el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, el Gobernador de Nuevo León, Ing. Jaime Rodríguez Calderón, por medio del Representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Lic. Luis Farías Mackey, presentó ante la SCJN la controversia constitucional que pugna por los intereses de sus gobernados y territorio.

La decisión de presentar ante el Poder Judicial procesos jurisdiccionales por entidad corresponde a planteamientos integrales y de carácter regional hechos por los estados que conformamos la Alianza Federalista en un esfuerzo por combatir el impacto específico que tiene la desaparición de fideicomisos federales.

El perfeccionamiento de este proceso legal es clave para señalar, con propiedad y exactitud, las afectaciones que provoca la extinción de estos a sus fideicomisarios e incidir así en una defensa sólida y argumentada.

Tal y como ya hemos mencionado, confiamos en la justicia federal y en su solidaridad con los afectados directos de esta arbitraria decisión del Poder Legislativo, para que atienda en su justa dimensión esta afrenta contra el desarrollo científico, cultural, tecnológico, deportivo, social y económico; misma que también representa una vulneración a las entidades en materia de seguridad, desastres naturales e impartición de justicia.

Finalmente, esperamos que el máximo tribunal otorgue la suspensión de la centralización de los recursos y evite que se utilicen por parte del Gobierno Federal para fines diversos a los que están destinados.

 

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