Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen para reformar el artículo 218 de la Ley Orgánica de ese Poder Judicial, que tiene por objeto emitir diversas disposiciones en materia laboral, para la regulación de los riesgos de trabajo a los que están expuestos las y los trabajadores del poder judicial.
En reunión de trabajo virtual, las y los legisladores aprobaron agregar una fracción 30 y recorrer a una fracción 31 la actual fracción 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para establecer como facultades del Consejo de la Judicatura “emitir las disposiciones y programas para la prevención, atención e indemnización de riesgos de trabajo físicos, psicosociales, fatiga y estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México”.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez (MORENA), explicó que el propósito fundamental de esta disposición es dar mayor claridad para hacer los ajustes administrativos internos dentro del Tribunal Superior de Justicia.
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las diversas disposiciones en materia laboral, en lo que respecta a la regulación de los riesgos de trabajo a los que están expuestos las y los trabajadores del poder judicial.
“Consideramos que en estas condiciones de pandemia, será un elemento muy importante, que permita reforzar la protección a las personas trabajadoras en el Poder Judicial de la Ciudad de México”, afirmó.
Detalló que esta iniciativa se elaboró antes del inicio de la pandemia de COVID-19, y que ahora éste es un elemento importante, que debe ser considerado dentro de las hipótesis en materia de riesgos de trabajo, adicionales a las que existían antes en forma ordinaria.
Al respecto, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje expresó estar de acuerdo con la propuesta de las comisiones dictaminadoras, pero propuso una ligera modificación para establecer de forma específica el agregar un esquema seguro y confidencial, ágil y eficiente para la recepción de quejas del personal del poder judicial.
Por su parte, el diputado Ricardo Fuentes Gómez (MORENA) se refirió a la falta de la valoración del impacto presupuestal que implicaría el establecer un esquema de indemnizaciones en materia de riesgos de trabajo, y sugirió una pequeña modificación en la redacción del artículo.
Expresó que ante la situación generalizada de home office actual, originada por la pandemia, en muchos casos se han incrementado la carga de trabajo, los niveles de estrés y la fatiga laboral para los trabajadores, los cuales podrían ser considerados como riesgos psicosociales.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) señaló que esta reforma no aporta nada a la normatividad actual, y coincidió con el diputado Fuentes en que si no hay impacto presupuestal, ésta sólo consiste en esquemas de prevención, que están ya en las normas del servicio público y las condiciones generales de trabajo, que no sirven de nada si no se traducen en acciones.
El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, explicó que esta reforma contribuye a que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México contemple estas situaciones de forma expresa y hacerlas más explícitas, y que los recursos para cubrir estas obligaciones serían considerados dentro del presupuesto ordinario de esta instancia.
El diputado Santillán puntualizó que con esta reforma el Tribunal Superior de Justicia busca extender los beneficios laborales por riesgos de trabajo y ampliar la protección a todo su personal, incluido el personal de confianza, los mandos medios y todos sus trabajadores, más allá del Contrato Colectivo de Trabajo.
Sugirió cambiar el concepto de esquemas por disposiciones y programas para la prevención, atención e indemnización de riesgos laborales, y coincidió con los diputados Ricardo Fuentes y Jorge Gaviño en agregar los conceptos de estrés y fatiga laboral, como parte de los riesgos de trabajo.
En votación nominal, el dictamen se aprobó por unanimidad, con 11 votos a favor de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y 12 votos a favor de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
