La activista Kenia Hernández fue trasladada al penal de Acapulco en el Estado de Guerrero, luego de que anoche autoridades del Poder Judicial del Estado de México informaron que la activista saldría en libertad del penal de Santiaguito, con el pago de una fianza de 30 mil pesos, por su probable participación en el delito de robo con violencia, en una caseta de cobro Toluca-Zitácuaro; proceso al que se sumó una nueva denuncia en su contra ahora por el delito de “ataques a las vías de comunicación”, informaron autoridades mexiquenses y activistas.
Un juez del Estado de Guerrero, inició la causa penal 322/2020 y giró una nueva orden de aprehensión ahora por el delito de ataques a las vías de comunicación en contra de Kenia, por lo que la joven es trasladada al penal de Acapulco, informó el abogado Antonio Lara Duque, fundador del “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero” .
Kenía, recluida hace unos días en el penal mexiquense de Santiaguito, saldría libre una vez que pagara la fianza de 30 mil pesos, para cursar en libertad el proceso al que un juez la vinculó por su probable participación en el delito de robo con violencia, en una caseta de cobro de la autopista Toluca-Zitácuaro, en agravio de Autovías Concesionadas Mexiquenses S. A, informaron anoche autoridades de l Poder Judicial del Estado de México.
No obstante esta madrugada, recibieron la notificación de un juez federal quien giró una nueva orden de aprehensión en contra de la joven, por lo que ella no puso un pie en la calle, “dentro de una campaña de criminalización , impulsada por empresas concesionarias, que insisten en mantenerla en prisión a como dé lugar”, pese a que Kenia no forma parte de ningún grupo violento, que se dedique a robar, despojar o amedrentar a automovilistas, apuntó el abogado experto en derechos Humanos.
Autoridades del Poder Judicial del Estado de México, indicaron que durante la audiencia realizada ayer en los juzgados de Almoloya de Juárez, Kenia estuvo asistida de un intérprete de lengua amuzgo, pues señaló pertenecer a esa población indígena, protegiendo así sus derechos.
Según la carpeta administrativa abierta en el Estado de México, “el pasado mes de febrero, Kenia “N” habría tomado la caseta de la autopista Toluca – Zitácuaro a la altura de la comunidad de San Pedro la Hortaliza, municipio de Almoloya de Juárez, lugar donde ella y otras personas despojaron del dinero del cobro de peaje a dos empleados de dicho sitio”.