Por poner en riesgo la salud de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Laboratorios Pisa y a su filial, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), con la inhabilitación por dos años y medio como contratistas del Gobierno federal más una multa de un millón 170 mil 95 pesos a cada una.
Se trata de las empresas a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado en sus conferencias de prensa por prácticas monopólicas y generar el desabasto en el caso de las medicinas contra el cáncer.
Después de conocerse la sanción publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, Zoé Robledo, director del IMSS, informó que la investigación se inició en 2017 a raíz de un proceso de licitación para contratar servicios de anestesia en el que una de las empresas concursantes impugnó el fallo, por lo que se inició una denuncia ante el Órgano Interno de Control.
“Entendemos que fue esa impugnación por un competidor, como es normal. Después de un fallo puede haber impugnaciones que se presentan ante el Órgano Interno de Control y desde entonces, el órgano siguió su proceso de investigación, lo cual pues nos habla que seguramente es una sanción muy bien estructurada y armada”.
En el resolutivo de la sanción, la SFP dio a conocer que durante el proceso de adjudicación ambas “empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”.
Tras garantizar el derecho de audiencia, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que “las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el IMSS”.
En respuesta, Grupo Pisa informó que todavía puede competir por contratos públicos en los que no se utilicen recursos federales, como con gobiernos locales y estatales.
“Esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales”, se lee en el posicionamiento que emitió la farmacéutica para sus colaboradores, clientes y proveedores.
La empresa recordó que la sanción de la Función Pública deja a salvo los contratos ya adjudicados y los que actualmente se tienen formalizados y vigentes entre Laboratorios Pisa y Dimesa y el gobierno federal.
“En Grupo Pisa somos respetuosos de las normas y disposiciones que emita el Gobierno Federal, al respecto, confiamos en las instituciones que hacen valer la Justicia y el Estado de Derecho”.
Grupo Pisa confirmó que la sanción corresponde a una adjudicación que tenía con el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS para administrar el servicio integral de anestesia, aunque matizó el señalamiento en su contra señalando que “las autoridades consideraron que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, teniendo como consecuencia la sanción consistente en la inhabilitación”.
Grupo Pisa es uno de los mayores proveedores del Gobierno en cuanto a fármacos y tratamientos médicos. Según el portal de compras gubernamentales Compranet, solo en diciembre de 2019 y a inicios de este año, la empresa ganó contratos en el IMSS por más de mil millones de pesos para brindar servicios de hemodiálisis interna, hemodiálisis subrogada, diálisis peritoneal automatizada y diálisis peritoneal continua ambulatoria.
La empresa tiene una historia de 75 años en México y cuenta con seis plantas de producción ubicadas de manera estratégica en México, “que están respaldadas por un equipo multidisciplinario de más de 20 mil colaboradores, quienes fabrican alrededor de mil 500 marcas de medicamentos integradas en un total de 17 líneas de especialidad”.
Pisa informa en su portal que tan sólo en el servicio de diálisis tiene relación con mil 500 unidades médicas del sector gubernamental y más de mil 600 hospitales privados.
Al respecto, Zoé Robledo aseguró que de las claves que provee Pisa como laboratorio, en “ninguna de ellas es fuente única de abasto… por lo que esperamos que esta situación no afecte la operación del Seguro”.
Desde enero, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se tenían seis expedientes en contra de la empresa y en uno estarían por fincarle responsabilidad.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, agregó que se sancionó la falsificación de información, por lo que «es imprescindible apegarse al respeto a la ley y el combate a cualquier forma de manipulación de la ley que pueda resultar en actos contrarios al interés superior de la nación, incluyendo la corrupción, que debe ser sancionada».
