Mientras en el Senado de Estados Unidos se discute el proyecto de ley S.3131, que pretende dotar de presupuesto al arqueólogo estadunidense Richard Hansen para realizar el proyecto «Maya Security and Conservation Partnership Program»;,en México y Guatemala se rechaza la iniciativa por intervenir en el sistema natural de la selva y la organización de las comunidades nativas.
Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señaló en entrevista que no existe ninguna petición oficial para realizar trabajos de investigación o conservación en la zona de Calakmul, Campeche, y cualquier proyecto de intervención arqueológica extranjera debe cumplir con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
«Ellos pueden emitir las opiniones que consideren oportunas, pero por lo pronto México no tiene conocimiento de algún proyecto en Calakmul-El Mirador, y en caso de que se presentara alguno, tendrá que pasar por la ley nacional. Finalmente el patrimonio arqueológico es un bien de la nación y está a resguardo por la ley federal», refirió el funcionario del INAH.
El tema salió a la luz porque la Sociedad de Arqueología Americana envió una carta al senador de Estados Unidos, James M. Inhofe, quien lleva el proyecto de ley en aquel país, para solicitar que detenga la discusión e impedir la intervención de Hansen en la zona, bajo el argumento de que la intención de fondo es construir un área turística en la Cuenca Maya El Mirador-Calakmul, que abarca territorios de Guatemala y México.
El proyecto de ley S.3131 fue presentado al Congreso de Estados Unidos por los senadores Jim Inhofe, Tom Udall y Jim Risch en diciembre de 2019 y en éste señala que es «urgente» un plan de conservación, investigación y rescate de la selva maya, principalmente en territorio de Guatemala, que, sin más detalles, incluye a Calakmul, en México.
De aprobarse la ley, el gobierno de los Estados Unidos proporcionaría 60 millones de dólares durante los siguientes cinco años para «fortalecer la gobernabilidad y la aplicación de leyes en Guatemala que combatan el saqueo de sitios arqueológicos, así como la tala ilegal de bosques, la depredación y la caza furtiva de animales silvestres en peligro de extinción», según el documento.
En tanto, el Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE) se comprometió a igualar el monto de 60 millones de dólares, para proporcionar la infraestructura necesaria durante la investigación que eventualmente estaría a cargo del arqueólogo Richard Hansen.
