El gobierno federal busca reequilibrar financieramente seis concesiones carreteras otorgadas a empresas privadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón que han enfrentado problemas en su construcción, lo que ha generado inversiones y costos adicionales.
Las carreteras sujetas a revisión son la Atizapán-Atlacomulco, concesionada en 2014 a OHL México; la Siglo XXI Jantetelco-El Higuerón, concesionada a Pinfra, Aldesa y GBM en 2013; el Libramiento Obregón, concesionado en 2014 a la constructora GIA, en consorcio con Cypsa, Rubau e Invex Infraestructura.
También se analizará el modelo financiero de las vías Nuevo Necaxa-Tihuatlán, concesionada a la mexicana ICA y a la sociedad española Globalvia en 2007; de la carretera Nueva Italia-Apatzingán, desde 2007 a cargo de Supra Construcciones, Idinsa, Corporación Constructora de Vías Terrestres y GAMI Ingeniería e Instalaciones; además del tramo La Galarza-Amatitlanes, adjudicado en 2016 a Supra Construcciones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagará a una consultora privada para que revise en los próximos meses el modelo financiero original para, en su caso, ampliar la vigencia de los títulos de concesión o modificar las bases de regulación tarifaria.
La Licitación Pública Nacional LO-009000062-E7-2020 disponible en Compranet establece que la empresa que contratará la SCT -de entre cinco que ya se postularon con ofertas que van de los 4.9 a los 7.8 millones de pesos- deberá elaborar un informe final que incluya recomendaciones para el reequilibrio financiero, modificaciones a la tarifas y plazos, y en su caso al esquema de compartición de ingresos establecido en los títulos de concesión para la construcción y operación de carreteras, algunas de las cuales llevan varios años de rezago.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado el retraso en la construcción de carreteras concesionadas a empresas privadas, así como los aumentos en las tarifas de peaje. En una gira por Nayarit, en mayo de 2019, el mandatario amagó con retirar la concesión de la carretera Jala-Vallarta, otorgada al Grupo Carso en el sexenio pasado, al acusar que en 10 años no había terminado la obra.
